Un total de 1.174.000 personas inmigrantes solicitaron entre el 16 de abril y el 30 de junio acogerse a la regularización extraordinaria puesta en marcha por el Gobierno español, compuesto por una coalición de izquierdas encabezada por el Partido Socialista (PSOE).

La medida, que busca que personas en situación irregular que ya viven en España obtengan un permiso de residencia para poder trabajar legalmente, fue impugnada por diferentes regiones gobernadas por el conservador Partido Popular (PP), el principal partido de la oposición al Ejecutivo del socialista de Pedro Sánchez.

Fue en el marco de sendos recursos interpuestos por dos de esas regiones (Comunidad Valenciana y Aragón) cuando el Tribunal Supremo planteó, el pasado 30 de junio, la posibilidad de llevar la regularización al TJUE por si ese proceso entrara en conflicto con el derecho comunitario.

La Abogacía del Estado se opuso a acudir a la Justicia europea, una opción que sí avalaron Comunidad Valenciana y Aragón.

Tras atender las alegaciones, el Supremo entiende que no resulta pertinente el planteamiento de dicha cuestión en este momento procesal, una decisión que va acompañada, al mismo tiempo, de su rechazo a suspender cautelarmente la ejecución del real decreto que posibilitó la regularización, como también habían solicitado la Comunidad Valenciana y Aragón.