La empresa que gestiona la Terminal Cuenca del Plata (TCP) del mencionado puerto y el Sindicato Único Portuario y Ramas Afines profundizaron en esta jornada su disputa laboral, tras fracasar una nueva instancia de negociación en el Ministerio de Trabajo.
El conflicto tiene su origen en la renovación de un convenio colectivo para los 550 funcionarios de la terminal (perteneciente en un 80 % al operador de servicios logísticos belga Katoen Natie y en el restante 20 % a la Administración Nacional de Puertos), luego de que el acuerdo anterior perdiera vigencia.
En un comunicado emitido este miércoles, las organizaciones empresariales denunciaron que en 2025 hubo más de 30 días con disrupciones operativas, al tiempo que en los que va del presente año ya son 25 días.
"Al respecto, preguntamos: ¿Hasta cuándo se admitirá que conflictos particulares sigan manteniendo en jaque al comercio exterior del país, y como consecuencia de ello, a su economía?", apuntaron.
Agregaron que con esta situación "se permite la generación de sobrecostos y se profundizan los problemas de conectividad, los que inevitablemente impactan sobre la competitividad empresarial y el costo de vida de todos los uruguayos".
"El país en su conjunto ha realizado grandes esfuerzos para concretar acuerdos comerciales, como forma de potenciar las exportaciones, la inversión y generar más trabajo. Para aprovechar esas oportunidades, es imperativo tener abiertas las puertas que nos unen al mundo", apuntaron las organizaciones empresariales.
Y añadieron: "El Puerto de Montevideo no debe, ni por un conflicto ni bajo ninguna otra circunstancia, detener su actividad. Es urgente que el Poder Ejecutivo adopte medidas para subsanar esta situación y asegurar el normal desarrollo de sus actividades en el futuro".
Según explicó a la Agencia EFE el gerente de Relaciones Institucionales de Katoen Natie, Fernando Correa, el sindicato interrumpió el diálogo con la empresa al exigir, como condición previa para seguir negociando, que esta garantice 25 jornales mensuales asegurados o, en su defecto, abone 50.000 pesos uruguayos (1.200 dólares estadounidenses) líquidos a cada trabajador mientras duren las conversaciones.
La empresa considera estas exigencias como una "coerción" inaceptable y advierte que las medidas sorpresivas y los paros han generado pérdidas millonarias por el desvío de buques a otros puertos.
El sindicato, en tanto, denunció la falta de condiciones laborales básicas y puntualizó que, en pleno invierno y con temperaturas bajo cero, la dirección se negó a instalar dispensadores de agua caliente y baños portátiles en la zona operativa, lo que "obligó al personal a caminar hasta trescientos metros a la intemperie".