La proposición de ley aprobada el martes establece que, cuando policías y gendarmes utilicen sus armas de fuego, se presumirá que actuaron conforme al marco legal, salvo que existan pruebas de lo contrario.
El texto, respaldado por el Gobierno, el bloque presidencial, la derecha y la extrema derecha, obtuvo 313 votos a favor y 199 en contra. Ahora deberá continuar su tramitación en el Senado.
La sesión en la Asamblea Nacional estuvo marcada por la tensión. La izquierda intentó bloquear la votación presentando cientos de enmiendas, una estrategia que el Gobierno sorteó recurriendo a un mecanismo previsto en la Constitución para limitar ese bloqueo parlamentario.
El Gobierno sostiene que la reforma no concede inmunidad penal a policías y gendarmes, sino que evita que sean considerados automáticamente sospechosos tras una intervención.
El ministro del Interior, Laurent Nuñez, defendió que un fiscal podrá dejar sin efecto esa presunción desde el primer momento si las circunstancias no justifican el uso del arma.
La oposición de izquierda, asociaciones de derechos humanos, sindicatos de magistrados y abogados, así como colectivos de víctimas de disparos policiales, consideran, en cambio, que la norma debilita el control judicial sobre el uso de la fuerza y puede favorecer un sentimiento de impunidad.
Tras la aprobación, representantes de colectivos de víctimas presentes en la tribuna del hemiciclo gritaron "Sin justicia no hay paz", mientras uno de ellos era desalojado por los servicios de la Asamblea.
La proposición fue impulsada por el diputado conservador Éric Pauget, del partido Los Republicanos.
El texto se apoya en la legislación sobre el uso de armas por parte de las fuerzas del orden que fue aprobada en 2017, tras la ola de atentados yihadistas que sufrió Francia entre 2015 y 2016.
La reforma reabre el debate sobre el equilibrio entre la protección jurídica de policías y gendarmes y el control de su actuación cuando utilizan armas de fuego.
La propuesta llega después de varios casos de gran repercusión, como la muerte del joven Nahel en 2023 por un disparo policial durante un control de tráfico, que reavivaron el debate sobre el uso de la fuerza por parte de las fuerzas del orden.