El origen de este gasto está en más de 200 leyes aprobadas por el Congreso en el último quinquenio, lo que ha sido calificado en Perú como una "farra fiscal" (juerga fiscal) del Legislativo.
Muchas de estas normas han sido respaldadas en el Parlamento por el fujimorismo, a pesar de ser observadas por el Gobierno y tener la opinión negativa del Consejo Fiscal, la Contraloría (Tribunal de Cuentas) y diversos sectores que advierten un impacto negativo en el déficit fiscal y el incremento de la deuda pública para los próximos años.
Algunas de las leyes con mayor costo fiscal son las que aprobaron la nivelación de pensiones de maestros jubilados y cesantes con la remuneración íntegra mensual para docentes en actividad, que asciende a 3.300 soles (970 dólares) mensuales, una promesa de campaña del destituido expresidente Pedro Castillo (2021-2022), docente de profesión.
La aplicación de esta norma tendrá un costo de 8.000 millones de soles (2.350 millones de dólares) anuales, alertó el Consejo Fiscal.
Algo similar sucede con el incremento en las pensiones de militares y policías en retiro, que representa un costo permanente de 15.000 millones de soles (4.400 millones de dólares).
Ambas normas han sido duramente cuestionadas porque crean una figura prohibida por la Constitución Política: la llamada "cédula viva", al equiparar los ingresos del personal activo con los cesantes o jubilados.
Otra norma con alto costo fiscal es la que otorgó mayores beneficios laborales, como las gratificaciones (pagas extras) y compensación por tiempo de servicios, a los trabajadores públicos del régimen CAS (Contrato Administrativo de Servicios), que surgió como una modalidad de contrato temporal pero se convirtió en permanente en distintos niveles del aparato público.
Los nuevos beneficios para los trabajadores CAS significarán un desembolso de 3.000 millones de soles (880 millones de dólares) anuales.
Aunque el Ministerio de Economía y Finanzas podía observar las normas o plantear demandas de inconstitucionalidad, evitó bloquear su promulgación y sólo se ha limitado a pedir al Congreso que sea "más cauto" porque "no hay caja fiscal que lo soporte", según las palabras del ministro Rodolfo Acuña.
No obstante, algunas entidades de la sociedad y ciudadanos han presentado demandas de inconstitucionalidad contra algunas de estas normas ante el Tribunal Constitucional (TC).
Por ejemplo, el Colegio de Abogados de Lima Este presentó una demanda contra la ley que crea la Universidad Nacional de Huaral por vulnerar las disposiciones relativas a la iniciativa de gasto público y el equilibrio del presupuesto del Estado.
El TC resolvió que el Congreso pueda emitir normas de este tipo siempre que los gastos sean para los años siguientes, lo cual generó controversia, pero su presidente, Helder Domínguez, explicó que van a precisar mejor su fallo, con "mayor tino", pues no descartó que puedan seguir presentándose demandas similares ante el Constitucional.
Este incremento de gasto público aprobado por el Congreso saliente equivale a más de ocho veces el presupuesto del programa Pensión 65 otorgado a personas de la tercera edad en pobreza extrema, más de siete veces el presupuesto de las becas de educación superior y es equivalente al presupuesto destinado para la construcción de escuelas y centros de estudio.