Presidida por el diputado Sébastien Huyghe y con la también legisladora Elsa Faucillon como ponente, la comisión tuvo por objetivo, en particular, analizar el impacto de los Acuerdos de Le Touquet (firmados en 2003) y posteriores entendimientos anglofranceses para gestionar el marco de externalización de la frontera, ya que el peso del control migratorio británico recae de manera efectiva sobre Francia.
El Reino Unido, a cambio de que Francia controle las salidas ilegales, ofrece una contrapartida financiera.
El informe de conclusiones de la comisión, publicado este miércoles, resalta un grave déficit democrático, ya que de los más de 30 acuerdos bilaterales firmados, el último que se sometió a votación del Parlamento francés fue el de 2003, a pesar de que desde entonces hubo modificaciones sustanciales como el Tratado de Sandhurst en 2018 o el acuerdo piloto "uno por uno" de 2025.
Pero, sobre todo, resalta que el abordaje de las dos naciones ha dado lugar a "una verdadera crisis humanitaria" en el territorio francés, que pasa desapercibida y que no impide que los intentos precarios de cruce sigan produciéndose, ya que en 2025 hubo al menos 41.000 y al menos 29 personas murieron en el mar tratando de hacer la travesía.
Este tipo de cruces crecieron sobre todo a partir de 2018, ya que las mafias buscaron alternativas marítimas frente a los férreos controles de seguridad terrestres y ferroviarios.
A la espera de poder atravesar las aguas del canal en operaciones de alto riesgo con pequeños botes ligeros, miles de inmigrantes quedan hacinados en el litoral francés.
Frente a esta situación, el abordaje del Gobierno francés es puramente en términos de seguridad y en 2025, según el informe, se destinaron 230 millones de euros a tareas policiales y de seguridad frente a apenas 30 millones de euros para asistencia humanitaria.
Se aplican medidas como los constates desalojos de los migrantes para evitar que se funden grandes asentamientos como la denominada 'jungla de Calais', un enorme campamento desmantelado en 2016 donde vivían precariamente 7.000 personas.
Eso genera un "entorno hostil" que degrada las condiciones de salud física y mental de los exiliados, exponiendo incluso a menores y mujeres embarazadas a violencia y a gases lacrimógenos.
El soporte básico vital (agua, duchas, sanidad) está infrapresupuestado por el Estado francés y, en consecuencia, recae mayoritariamente sobre redes de voluntarios y organizaciones de la sociedad civil, que este miércoles valoraron muy positivamente la publicación de este informe, adoptado ya el 1 de julio por la Asamblea.
"Podemos afirmar que el informe saca a la luz lo que las asociaciones dicen que pasa sobre el terreno", aseguró este miércoles Nathanaël Caillaux, responsable de migración de la ONG Secours Catholique, en una rueda de prensa en París junto a representantes de organizaciones como Médicos del Mundo, Amnistía Internacional, Médicos Sin Fronteras o Utopía 56.
Para estos grupos, el documento demuestra que las políticas represivas no solo no tienen resultados, sino que han dado lugar a una situación de deshumanización de los migrantes, con una falta total de atención hacia sus derechos humanos, algo que vienen denunciando desde hace años.
Por ello, en un momento en el que ya se lanzan las campañas para las presidenciales de 2027, pidieron aprovechar la publicación de este informe para generar conciencia de la necesidad de un cambio de paradigma en el tratamiento de esta crisis.