La diligencia fue autorizada por el magistrado de la Corte Suprema Alexandre de Moraes un día después de que la defensa comunicara al tribunal el paradero de las dos armas registradas a nombre del exmandatario, que aún no habían sido localizadas por la Policía tras la orden del juez de que las entregara todas.
"Resultado: no se encontró nada", afirmó el abogado João Henrique N. de Freitas en un mensaje publicado en la red social X, en el que lamentó que "un expresidente de la República siga siendo sometido a este tipo de acciones".
El allanamiento se dio en medio de una investigación sobre el arsenal registrado a nombre de Bolsonaro, que puede influir en el beneficio de prisión domiciliaria que tiene actualmente.
El arsenal a nombre del exjefe de Estado (2019-2023) salió a relucir la semana pasada, cuando Moraes mantuvo el beneficio de casa por cárcel al líder ultraderechista por razones humanitarias debido a la fragilidad de su salud.
Dicho beneficio fue otorgado a Bolsonaro temporalmente por 90 días en marzo, pero estuvo a punto de ser cancelado por la Corte después de que se supiera que el expresidente tenía una pistola Glock calibre 9 milímetros mientras cumplía arresto domiciliario.
Tras consultas con la Fiscalía, Moraes optó por mantener la prisión domiciliaria, pero puso como condición la entrega, en un plazo de 48 horas, de diez armas registradas a nombre del líder ultraderechista, entre pistolas, escopetas y carabinas.
Los abogados señalaron a la Corte que las diez armas registradas a nombre del exmandatario están bajo custodia de organismos públicos o tienen un paradero conocido e informado a las autoridades.
Una de ellas es la misma arma que fue incautada al militar a cargo de la seguridad de Bolsonaro, pero según los abogados hubo un error de transcripción en el número de serie.
Sobre la otra, una escopeta calibre 12 de la empresa Maestro Arms Company, los abogados corrigieron una información inicial y el martes explicaron que nunca fue entregada al Ejército Brasileño, sino que permanece bajo custodia de una empresa importadora, por lo que pidieron al juez que solicite a la compañía una confirmación formal de esa situación y coordine su eventual entrega a la Policía Federal, si fuera necesario.