La ministra de Economía, Heleen Herbert, envió este miércoles el proyecto de ley al Consejo de Estado, el máximo órgano consultivo del Gobierno, para que emita un dictamen antes de que la iniciativa continúe su tramitación parlamentaria, según adelantó el diario neerlandés AD.
La norma pretende reforzar el control del Ejecutivo sobre la capacidad de producción de la industria nacional de defensa, mejorar el conocimiento de las cadenas de suministro y permitir que el Estado intervenga sobre las reservas de determinadas empresas si fuera necesario para abastecer a las Fuerzas Armadas.
Según Herbert, el recurso a estas medidas será excepcional y solo se aplicará cuando la colaboración voluntaria de las empresas no sea suficiente.
"Si existe una situación de guerra, esta ley ofrece la posibilidad de designar a algunas empresas neerlandesas para la producción", señaló la ministra al diario.
El Gobierno asegura que la medida afectará únicamente a un número muy reducido de compañías, "que se pueden contar con los dedos de las dos manos", y que estas ya conocen los planes porque el Ejecutivo ha alcanzado acuerdos previos con ellas, lo que incluye compensaciones económicas.
La lista de empresas no será pública por motivos de seguridad y podrá modificarse con el tiempo para incorporar nuevas compañías.
La futura legislación no se limitará a fabricantes de armas o munición, puesto que podría aplicarse a empresas que ya producen bienes que pueden adaptarse a las necesidades militares.
Herbert puso como ejemplo a fabricantes de material sanitario, que podrían ser requeridos para elaborar vendajes destinados al tratamiento de soldados heridos.
No obstante, la ministra subrayó que la medida se dirigirá principalmente a empresas que ya trabajan para el sector de la defensa o fabrican productos considerados esenciales en una situación de guerra.
La ley no afectará a empresas extranjeras, aunque una gran parte de los sistemas de armas y de la munición usados por las Fuerzas Armadas neerlandesas procede de fabricantes de otros países.
Además de las posibilidades de intervención, el proyecto prevé la creación de un sello oficial para determinadas empresas del sector de defensa, con el que el Gobierno certificará que han superado controles de seguridad y que está claro quién las dirige, para facilitarles el acceso a contratos internacionales.
La iniciativa forma parte del proceso de refuerzo de las capacidades de defensa que impulsan Países Bajos y otros países europeos desde la invasión rusa de Ucrania en 2022, con el aumento del gasto militar y los esfuerzos para ampliar la producción de la industria de defensa.
La ministra considera prioritario acelerar la tramitación de la ley, aunque insiste en que el proceso debe desarrollarse con las debidas garantías jurídicas, por lo que no espera que la norma pueda entrar en vigor hasta 2027.