Para llevar a cabo esta obra en la localidad de Casupá, en el departamento (provincia) de Florida, el Banco de Desarrollo de América Latina-CAF aprobó un préstamo de 130 millones de dólares, mientras que el Gobierno uruguayo convocó una licitación internacional para su construcción.
El líder del centrista Partido Independiente, Pablo Mieres, dijo este miércoles a EFE que el problema con el plan del Gobierno "va por el lado de la toma", ya que estará en la cuenca del río Santa Lucía.
"El tema es que vamos a construir una represa que sale como mínimo cien millones de dólares en una cuenca que ya está agotada. Por lo tanto, cuando se termine de hacer va a seguir habiendo un problema de abastecimiento del agua potable en la zona metropolitana", aseguró Mieres, quien promueve la alternativa de hacer una toma desde el Río de la Plata.
La fuerza política esperaba "que el Gobierno revisara su posición" y, como esto no ocurrió, encabezará una demanda colectiva a la que espera se sumen actores sociales, como pueden ser productores de la zona, y otros partidos opositores.
Con ese apoyo, presentarán un escrito en el que solicitarán una medida cautelar para detener las actividades vinculadas a la construcción de la represa.
Uruguay vivió en el año 2023 la peor crisis hídrica de su historia y esto afectó al suministro de agua en los departamentos (provincias) de Montevideo y Canelones.
Mieres entiende que esta represa no evitará una nueva crisis hídrica y que, por el contrario, puede generar afectaciones sociales, productivas y ambientales.