En un informe que analiza esta tendencia a escala mundial, titulado 'Cuando la seguridad nacional se convierte en un arma contra el periodismo', RSF sostiene que las leyes concebidas para proteger la defensa del Estado están siendo utilizadas de forma creciente para criminalizar informaciones de interés público.
Una evolución que, según la organización, ya quedó reflejada en su clasificación mundial de la libertad de prensa de 2026.
"La seguridad nacional no puede convertirse en un pretexto para silenciar a los periodistas", afirma la directora editorial de RSF, Anne Bocandé, quien advierte de que los gobiernos "aprenden unos de otros" a utilizar los instrumentos del Estado para impedir investigaciones periodísticas.
El informe documenta casos registrados entre 2020 y 2026 en países como Arabia Saudí, China, Filipinas, Rusia o Israel, donde periodistas han sido acusados de terrorismo, espionaje, traición o atentar contra la seguridad nacional por publicar investigaciones de interés público.
Entre los ejemplos citados figura el periodista saudí Turki al-Jasser, ejecutado tras ser procesado por motivos de seguridad nacional; la periodista filipina Frenchie Mae Cumpio, condenada por financiación del terrorismo, o la periodista china Zhang Zhan, encarcelada por su cobertura informativa independiente del inicio de la pandemia de COVID-19 en Wuhan.
RSF también menciona procedimientos abiertos en democracias, como el caso de la periodista francesa Ariane Lavrilleux, investigada tras publicar informaciones sobre una operación de inteligencia entre Francia y Egipto, o las citaciones judiciales emitidas en Estados Unidos contra periodistas de The Washington Post y The Wall Street Journal en una investigación relacionada con filtraciones sobre seguridad nacional.
En América Latina, el concepto de seguridad nacional se ha utilizado históricamente para combatir a supuestos "enemigos internos" y, más recientemente, al crimen organizado, lo que, según RSF, ha servido para perseguir a periodistas que investigan a las fuerzas de seguridad, la corrupción o grupos armados.
La organización destaca especialmente a Nicaragua, donde leyes sobre "agentes extranjeros" y ciberdelitos han provocado el cierre o exilio de casi todos los medios independientes, así como la retirada de la nacionalidad a periodistas exiliados.
También denuncia restricciones a la cobertura informativa en países como Cuba, Brasil, México, Perú, Colombia, El Salvador y Ecuador, así como casos de vigilancia ilegal y campañas de estigmatización contra la prensa.
El informe advierte además de que las guerras, los estados de excepción y las crisis de seguridad suelen utilizarse para ampliar el control sobre los medios y limitar el acceso a la información, mientras que la mera amenaza de conflicto basta en ocasiones para silenciar investigaciones sobre asuntos sensibles.
En algunos países, añade, la presión se extiende incluso a los familiares de periodistas exiliados mediante vigilancia, interrogatorios y otras formas de hostigamiento.
Los autores del documento sostienen que el recurso a la seguridad nacional ya no se limita a conflictos armados, sino que también afecta a investigaciones sobre corrupción, medio ambiente, salud pública o crimen organizado, mientras denuncia el uso creciente de la vigilancia digital contra periodistas, incluso en países democráticos.
Según RSF, el indicador legal de su clasificación mundial de la libertad de prensa empeoró en más del 60 % de los países entre 2025 y 2026 debido, entre otros factores, al endurecimiento de las legislaciones sobre seguridad nacional.
Ante esta situación, la organización formula diez recomendaciones dirigidas a los Estados, entre ellas definir de forma estricta el concepto de seguridad nacional, reforzar la protección del secreto profesional y de las fuentes periodísticas, limitar el uso de leyes antiterroristas contra periodistas, someter las medidas de vigilancia a control judicial y crear mecanismos internacionales para combatir la represión transnacional contra profesionales de la información.
Además, RSF propone introducir una excepción de interés público en los procesos por espionaje contra periodistas, garantizar que las causas contra profesionales de la información se tramiten en la jurisdicción ordinaria y con todas las garantías procesales.
También habilitar recursos efectivos frente a procedimientos judiciales abusivos y preservar la libertad de prensa durante los estados de excepción o los conflictos armados, de forma que cualquier restricción sea temporal, proporcional y esté sometida a control independiente.