El alcalde de la ciudad más poblada del país y uno de los principales opositores del presidente Daniel Noboa está recluido desde marzo pasado en la Cárcel del Encuentro, una prisión construida por la actual Administración a semejanza del modelo carcelario salvadoreño, para acoger a líderes de las principales organizaciones del crimen organizado en el país.
El SNAI, que es la entidad estatal que administra las prisiones, señaló -en un comunicado- que el objetivo del desplazamiento hacia un hospital privado de Guayaquil fue practicarle exámenes médicos complementarios sobre el funcionamiento de su vesícula y que, de acuerdo con el diagnóstico, reciba la atención médica correspondiente.
Así mismo, la entidad reafirmó su compromiso con el cumplimiento de los procedimientos establecidos para garantizar el derecho a la atención médica de las personas privadas de libertad, "en estricto apego a la normativa vigente y con las medidas de seguridad respectivas".
El traslado se produjo dos días después de que el abogado de Alvarez, Ramiro García, denunciara que su defendido ha perdido un 35 % de su peso corporal y padece varias patologías preexistentes, entre ellas una cardíaca y otra relacionada con la vesícula, por lo que anunció que solicitaría una fecha para una intervención quirúrgica.
Sin embargo, el ministro del Interior, John Reimberg, aseguró este miércoles que el alcalde había rechazado someterse a la operación porque supuestamente quería ser trasladado a otro hospital, por lo que en las próximas horas será nuevamente recluido en la prisión.
"Quería ser llevado a otro hospital donde ya tenían preparado, en conjunto con los doctores, para no solamente ver el tema de la vesícula, sino para decir que tiene enfermedades adicionales para que no regrese a la cárcel", añadió Reimberg.
Alvarez ingresó a prisión tras ser procesado en el caso 'Goleada', donde se investiga un supuesto lavado de dinero, y en el caso 'Triple A', sobre una presunta comercialización ilegal de hidrocarburos, ambos vinculados a su negocio familiar de venta de combustibles.
Además, el alcalde enfrentará un juicio por la presunta manipulación y retiro del grillete electrónico que tenía impuesto como medida cautelar en uno de esos procesos.