Así lo anunció este jueves el secretario de la Administración Pública y Gabinete ecuatoriano, José Julio Neira, quien añadió que Saud es un "personaje clave" en el caso y que el Gobierno empezaría "inmediatamente" a "trabajar en su proceso de extradición al Ecuador".
La mujer era la representante en Ecuador de Progen, una empresa con sede en Estados Unidos que en 2024 firmó con el Gobierno de Noboa unos contratos para la adquisición de generadores para paliar la crisis energética que afectaba al país y que, de acuerdo a la Fiscalía, dejaron un perjuicio de más de 104 millones de dólares al Estado.
El Ministerio Público procesó en mayo pasado a 21 personas, entre ellas a Saud, dentro de la investigación que sigue por estos contratos y el juez que conoció la causa ordenó la prisión preventiva de los imputados y dispuso que se oficie a Interpol para que localicen y capturen a los que estaban prófugos.
De acuerdo a la tesis fiscal, Progen fue favorecida con estos contratos "pese a que no cumplía con las especificaciones técnicas ni con las obligaciones derivadas del objeto contractual".
A pesar de las irregularidades y deficiencias detectadas, el Gobierno pagó el 70 % del valor total por concepto de anticipo, que corresponde a más de 104 millones de dólares que se han determinado como el presunto perjuicio.
Según la Fiscalía, la empresa habría entregado generadores que no eran nuevos ni técnicamente compatibles y nunca entraron en funcionamiento.
Ecuador sufrió una crisis energética que provocó severos racionamientos de electricidad a finales de 2024 a causa, entre otros, de la sequía de los ríos que alimentan sus principales hidroeléctricas.
Entre septiembre y diciembre de 2024, se registraron apagones programados que, en sus momentos más críticos, llegaron a 14 horas diarias.
El país andino tiene una matriz eléctrica compuesta en más de un 70 % de energía hidroeléctrica.