La empresa que gestiona la Terminal Cuenca del Plata (TCP) del mencionado puerto y el Sindicato Único Portuario y Ramas Afines profundizaron su disputa laboral, luego de que fracasara una nueva instancia de negociación en el Ministerio de Trabajo.
El conflicto tiene su origen en la renovación de un convenio colectivo para los 550 funcionarios de la terminal (perteneciente en un 80 % al operador de servicios logísticos belga Katoen Natie y en el restante 20 % a la Administración Nacional de Puertos), después de que el acuerdo anterior perdiera vigencia.
"Es un tema complejo", indicó Orsi, quien agregó que allí se entreveran problemas de las empresas, los concesionarios y los sindicatos.
"A mí me tiene muy preocupado. Lo hablé con el ministro de Trabajo y también con el PIT-CNT el otro día", dijo el mandatario, al hacer referencia a los diálogos que mantuvo tanto con Juan Castillo, jefe de la cartera uruguaya de Trabajo, como con la central sindical.
Consultado sobre la posibilidad de que se decrete la esencialidad de dicha actividad, el presidente dijo que eso se hace cuando se paraliza un servicio o actividad que genera un problema "bastante mayor" al que está ocurriendo. "Por ahora no hemos llegado a ese nivel", concluyó.
Según explicó a EFE el gerente de Relaciones Institucionales de Katoen Natie, Fernando Correa, el sindicato interrumpió el diálogo al exigir, como condición previa para seguir negociando, que la empresa garantice 25 jornales mensuales asegurados o, en su defecto, abone 50.000 pesos uruguayos (unos 1.200 dólares) líquidos a cada trabajador mientras duren las conversaciones.
La empresa considera estas exigencias como una "coerción" inaceptable y advierte que las medidas sorpresivas y los paros han generado pérdidas millonarias por el desvío de buques a otros puertos.
Mientras tanto, organizaciones empresariales de Uruguay le pidieron en la víspera al Gobierno que adopte medidas ante el conflicto y apuntaron que este mantiene "en jaque" al comercio exterior del país sudamericano.
En un comunicado, los gremios denunciaron que en 2025 hubo más de treinta días con disrupciones operativas, al tiempo que en los que va del presente año ya son 25 días.
"Al respecto, preguntamos: ¿Hasta cuándo se admitirá que conflictos particulares sigan manteniendo en jaque al comercio exterior del país, y como consecuencia de ello, a su economía?", subraya el texto.
El mensaje de los empresarios se insiste en que con esta situación "se permite la generación de sobrecostos y se profundizan los problemas de conectividad, los que inevitablemente impactan sobre la competitividad empresarial y el costo de vida de todos los uruguayos".