El Campaign Legal Center (CLC), que defendió la nueva ley, subrayó que la decisión judicial reafirma "una salvaguarda" del derecho de los votantes a saber quién gasta enormes cantidades de dinero para influir en el voto.
"Se ha reivindicado el derecho de los habitantes de Arizona a conocer las verdaderas fuentes del dinero que intenta influir en sus votos, conforme a su propia constitución", indicó CLC -en un comunicado- difundido esta semana.
La máxima corte de Arizona dejó en pie la Ley del Derecho a Saber de los Votantes (Proposición 211), aprobada por una gran mayoría (72%) en las elecciones de 2022.
La ley exige que cualquier grupo que gaste en publicidad política en medios y gastos relacionados más de 50.000 dólares en campañas a nivel estatal -o 25.000 dólares en campañas no estatales- estará obligado a llevar un registro de las grandes donaciones que reciba.
Además, las campañas deberán revelar las fuentes originales de aquellas donaciones que superen los 5.000 dólares.
Los demandantes, entre los que se cuenta Center for Arizona Policy, argumentaron que la ley limita la libertad de expresión de las personas adineradas que desean influir en las elecciones, pero no quieren que se les conozca.
El centro expresó su temor de que el acoso que ya sufría se dirigiera a sus donantes si se revelaban sus identidades.
Por su parte, el CLC añadió que antes de la aprobación de la Proposición 211, el sistema de divulgación de financiación de campañas de Arizona era "una de las normativas más favorables al dinero oscuro (financiamientos que se mantienen en el anonimato) que cabe imaginar".
La presidente de la Corte Suprema de Arizona, la jueza Ann Timmer, dictaminó que la Cláusula de Libertad de Expresión "no impide la prohibición de las contribuciones corporativas a las campañas", según escribió en el fallo.
No obstante, el máximo tribunal aceptó que siguiera adelante una impugnación para revelar la identidad de ciertos donantes individuales.