“Las autoridades de Esuatini deben dejar de facilitar estas deportaciones ilegales. Deben revelar de inmediato la identidad y el paradero de las personas trasladadas a sus abogados, familiares y observadores independientes”, dijo la directora regional adjunta de AI para África Oriental y Meridional, Flavia Mwangovya, en un comunicado.
AI también demandó al país africano que aclare el fundamento jurídico de las privaciones de libertad y que garantice a los afectados un acceso rápido y confidencial a abogados, intérpretes, atención médica y asistencia consular.
Según Amnistía, la llegada de estas once personas constituye la cuarta operación de traslado a Esuatini conocida hasta la fecha y eleva a 30 el número total de deportados a este país.
“Durante casi un año, AI ha documentado las graves consecuencias para los derechos humanos de estos traslados, incluyendo la detención arbitraria, las restricciones al acceso a abogados, la denegación del debido proceso y el riesgo de devolución forzosa”, indicó Mwangovya.
AI denunció que este sistema de deportación vulnera el derecho internacional, el cual prohíbe la transferencia de personas a terceros países donde se enfrentan a “sufrir graves violaciones de los derechos humanos o de ser devueltas a otro país”.
La organización calificó de “especialmente alarmante” el patrón documentado por el cual varios de los deportados ya contaban con protección legal en EE.UU. bajo la Convención contra la Tortura.
“La protección contra la tortura no puede eludirse mediante acuerdos de deportación a terceros países”, aseveró la directora regional de AI, quien también exigió a la Administración de Trump desmantelar este programa de detención y retornar a los afectados.
“Todas las personas detenidas arbitrariamente en virtud del acuerdo entre Estados Unidos y Esuatini deben ser liberadas de inmediato y recibir recursos efectivos, incluido el acceso a un proceso de asilo justo y eficiente”, concluyó AI.
Mediante ese pacto, Washington acordó pagar 5,1 millones de dólares (4,4 millones de euros), confirmó el Gobierno de Esuatini en noviembre pasado.
La reanudación de vuelos de deportación desde EE.UU. a terceros países se activó después de que el Tribunal Supremo estadounidense autorizó en junio de 2025 al gobierno de Trump a efectuar estas expulsiones, un triunfo para su política antiinmigración.
Desde su vuelta a la Casa Blanca en enero de 2025, Trump ha impulsado expulsiones exprés y firmado acuerdos con países como El Salvador, Camerún, Ghana, Ruanda, Uganda, Sudán del Sur, la República Democrática del Congo (RDC), Guinea Ecuatorial o Sierra Leona.
Esuatini, última monarquía absoluta de África, tiene una población de unos 1,2 millones de personas que es eminentemente rural y de la que un 60 % vive por debajo del umbral de pobreza, según el Banco Mundial (BM).