Bródy, conocido como el 'cazador de dictadores', señaló en una declaración escrita enviada a EFE que la Suprema Corte, coordinada por los esposos y copresidentes de Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murillo, expulsó a los abogados del registro judicial sin aviso.
"Hemos hablado con varios de los abogados afectados. Nos cuentan que se enteraron sin notificación previa y sin ningún proceso. Simplemente ya no aparecen en el sistema, y con eso quedan impedidos de ejercer", alertó el experto de la ONU.
"Ya cerraron las ONG, las universidades, los medios (de comunicación), las iglesias (en Nicaragua). Ahora le toca a la abogacía. Es el mismo método: eliminar, sin proceso alguno, a todo aquel que pueda interponerse entre el poder y el ciudadano", advirtió.
El abogado húngaro recordó que hace más de 35 años participó en la redacción de los Principios Básicos de la ONU sobre la función de los abogados, precisamente sobre las normas que prohíben apartar a un letrado del ejercicio sin proceso justo ante un órgano independiente.
"En Nicaragua no hubo proceso, no hubo órgano, no hubo nada", sostuvo Bródy, que compartió el texto del Principio 28: "Las actuaciones disciplinarias contra abogados se sustanciarán ante un comité disciplinario imparcial establecido por la profesión jurídica, ante un organismo independiente establecido por la ley o ante un tribunal judicial, y serán objeto de revisión judicial independiente".
Una de las abogadas nicaragüenses afectadas, la exiliada Martha Patricia Molina, contó en sus redes sociales que se dio cuenta de que la Corte Suprema de Justicia la eliminó arbitrariamente del Registro de Abogados y Notarios de Nicaragua y no conoce el motivo.
"¿Cuál es el motivo? No lo sé. No he recibido ninguna notificación ni explicación por parte del Poder Judicial. He pedido explicación mediante correo electrónico, pero como es costumbre de ellos (la Corte), nunca responden", dijo la letrada, que es abogada y notaria desde agosto de 2013, graduada de la expropiada y clausurada Universidad Centroamericana (UCA) de Nicaragua y con maestría en la Universidad de Salamanca, España.
Al menos 2.000 abogados habrían sido eliminados del registro de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, según han denunciado los profesionales afectados y fuentes judiciales a la prensa nicaragüense.
Ni el Gobierno de Ortega y Murillo, ni el Poder Judicial, han ofrecido una explicación sobre la eliminación masiva de abogados del registro judicial.