El Tribunal Administrativo de Cundinamarca señaló este viernes en un comunicado que "existió una falla en el servicio" porque la institución clasificó el arma utilizada, una escopeta calibre 12, como "menos letal" y no informó adecuadamente a sus uniformados sobre "su potencial capacidad de causar la muerte".
"Según el fallo, esta circunstancia impidió evaluar correctamente los principios de necesidad, proporcionalidad y racionalidad en el uso de la fuerza", explicó el Tribunal.
La institución agregó que las pruebas "no evidenciaban un escenario de violencia que justificara el empleo de una fuerza capaz de causar la muerte de una persona".
El Tribunal indicó que en el momento de los hechos, la víctima se encontraba ejerciendo su derecho convencional y constitucional a la protesta y que el hecho de haber devuelto gases lacrimógenos lanzados por el Esmad "no legitimaba el uso de un arma" capaz de causar la muerte.
Además, resaltó que el ejercicio de la protesta no puede ser una justificación que permita a las autoridades afectar derechos fundamentales como la vida o la dignidad humana.
El órgano jurisdiccional descartó la existencia de "concurrencia de culpas" por parte del manifestante y consideró que el caso constituye "una grave violación de los derechos humanos", razón por la cual incrementó las indemnizaciones reconocidas a sus familiares por perjuicios morales, por encima de montos convencionales en este tipo de procesos.
La sentencia ordenó al comandante de la Policía realizar, en representación de la entidad, un acto público de reconocimiento de responsabilidad y pedir disculpas a los familiares de la víctima.
Los hechos ocurrieron durante las protestas sociales de 2019 contra el Gobierno del entonces presidente Iván Duque (2018-2022), cuyo sucesor, Gustavo Petro, cambió el nombre y los procedimientos del Esmad, que fue renombrado como Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undemo).
Sin embargo el presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, que asumirá el próximo 7 de agosto, tiene entre sus políticas de seguridad la intención de restablecer el Esmad para enfrentar las protestas en las que haya violencia.