Dicha problemática tiene su origen en la renovación de un convenio colectivo para los 550 funcionarios de la terminal (perteneciente en un 80 % al operador de servicios logísticos belga Katoen Natie y en el restante 20 % a la Administración Nacional de Puertos), después de que el acuerdo anterior perdiera vigencia.
Este domingo, TCP indicó en un comunicado que el lunes a las 7:00 hora local (10:00 GMT) los trabajadores detendrán sus actividades para llevar a cabo una asamblea, posteriormente acudir a la reunión tripartita y luego reunirse nuevamente a considerar lo tratado allí y adoptar las medidas correspondientes.
No obstante, la empresa denunció que esto se llevará a cabo "manteniendo medidas de paro, pese al compromiso asumido de preservar el desarrollo de las negociaciones sin adoptar medidas que afecten el proceso".
Asimismo, apuntó que la normalización de las actividades "dependerá de las decisiones que adopte el sindicato durante la jornada y la eventual conformación de una guardia gremial que permita mantener determinados servicios".
Este jueves, el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, aseguró que el conflicto en el Puerto de Montevideo es "complejo" y que lo tiene "muy preocupado", por lo que resaltó que se debe seguir trabajando para encontrar una solución.
"A mí me tiene muy preocupado. Lo hablé con el ministro de Trabajo y también con el PIT-CNT el otro día", dijo el mandatario, al hacer referencia a los diálogos que mantuvo tanto con Juan Castillo, titular de la mencionada cartera, como con la central sindical.
Consultado sobre la posibilidad de que se decrete la esencialidad de dicha actividad, el presidente dijo que eso se hace cuando se paraliza un servicio o actividad que genera un problema "bastante mayor" al que está ocurriendo. "Por ahora no hemos llegado a ese nivel", concluyó.
Mientras tanto, organizaciones empresariales de Uruguay le pidieron en la víspera al Gobierno que adopte medidas ante el conflicto y apuntaron que este mantiene "en jaque" al comercio exterior del país sudamericano.
En un comunicado, los gremios denunciaron que en 2025 hubo más de treinta días con disrupciones operativas, al tiempo que en los que va del presente año ya son 25 días.
"Al respecto, preguntamos: ¿Hasta cuándo se admitirá que conflictos particulares sigan manteniendo en jaque al comercio exterior del país, y como consecuencia de ello, a su economía?", subraya el texto.