La magistrada Elsa García, presidenta del tribunal de sentencia integrado además por los jueces Adriana Planás y Matías Garcete, impuso a Kueider dos años de pena privativa de libertad con suspensión en su ejecución y a Guinsel a un año y diez meses de prisión, medida también suspendida.
García advirtió que Kueider intentó ingresar al territorio paraguayo "portando dinero en efectivo por un monto superior al límite de 10.000 dólares" y sin realizar "la declaración exigida por la ley".
Al leer la sentencia, García indicó que no valoraron la "persecución política" de la que el exlegislador asegura ser víctima en su país y destacó que, al sopesar las circunstancias "a favor y en contra de los procesados", lograron determinar que ambos "no poseen otros antecedentes".
En declaraciones a periodistas al concluir la audiencia, Kueider criticó que en este caso "no se han aplicado los criterios de legislación comparada en el resto del mundo" según los cuales "el dinero no constituye mercadería".
"Este tribunal ha considerado otra cosa. Así que bueno, obviamente el equipo técnico va a trabajar en una contundente apelación", sostuvo.
El exlegislador aseguró igualmente que continuarán batallando contra "la persecución política en Argentina" y las que tachó de "falsas denuncias".
"Veremos el día de mañana quién se hace cargo de reparar el enorme daño que me han causado a mí, a mi familia, a Iara, a su familia, por esa persecución política en Argentina", afirmó.
Ambos permanecen bajo prisión domiciliaria desde diciembre de 2024 tras ser imputados por presunta tentativa de contrabando de divisas luego de que fueran detenidos en ese entonces cuando intentaron cruzar por el Puente de la Amistad, que une a la paraguaya de Ciudad del Este con la brasileña de Foz de Iguazú, en una camioneta.
En el vehículo fueron hallados 211.102 dólares, 646.000 guaraníes (unos 82,53 dólares al cambio de la época) y 3,9 millones de pesos argentinos (unos 3.852 dólares) sin declarar, según informó entonces el Ministerio Público.
En junio pasado, la Fiscalía de Paraguay imputó al exsenador y a su secretaria, así como a dos paraguayos por presunto lavado de dinero mediante la compra de departamentos y estacionamientos en Asunción.