La audiencia única abierta, que se prolongó durante más de tres meses, estuvo a cargo del Tribunal Sexto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, que indicó que "los sujetos fueron procesados por 444 casos de homicidio agravado, así como por casos de extorsión agravada, trata de personas, tráfico ilícito de drogas, tráfico de armas, rebelión y agrupaciones ilícitas en perjuicio de la paz pública".
El Centro Judicial apuntó que "en los alegatos finales, el ente fiscal solicitó la pena máxima para cada imputado por cada uno de los casos señalados y el pago, en concepto de responsabilidad civil, de 9 millones de dólares por el delito de extorsión agravada".
Concluido el juicio, según la fuente, "el tribunal debe escuchar y analizar los 650 audios incorporados en el proceso, así como más de 22.000 folios, entre ellos actas policiales, álbumes fotográficos, autopsias y 300 certificaciones presentadas por la Fiscalía General de la República", por lo que "la fecha de fallo será anunciado próximamente", añadió.
La audiencia única abierta se llevó a cabo bajo la modalidad virtual con enlaces desde diferentes cárceles de El Salvador entre esta el Cecot, la megacárcel emblema de la "guerra" del presidente Nayib Bukele contra estas bandas, situada en las afueras de San Salvador en una zona aislada y árida.
Este tipo de juicios han sido denunciados por organizaciones sociales por atacar los derechos humanos de los procesados.
Entre tanto, Bukele comparó este proceso con los juicios de Núremberg, donde se juzgó a los principales dirigentes nazis tras la II Guerra Mundial.
La audiencia única abierta permite juzgar masivamente a supuestos pandilleros y mantener activo el proceso para sumar nuevos acusados en el futuro, y se trata de un modelo establecido tras reformas al Código Penal de El Salvador.
A finales de marzo de 2022, El Salvador sufrió la mayor escalada de asesinatos de su historia reciente con el homicidio de más de 80 personas en tres días, tras estos hechos la Asamblea Legislativa aprobó el régimen de excepción a petición de Bukele.
El régimen de excepción deja más de 92.480 personas detenidas acusadas de ser pandilleros o colaboradores de estas bandas, alrededor de 6.400 denuncias de violaciones a derechos humanos y es la principal medida del Gobierno de Bukele contra las maras para reducir la violencia.
La medida continúa vigente a pesar de los múltiples llamados de organizaciones de derechos humanos para poner fin a su implementación y cuenta con el respaldo de cerca del 85 % de la población.