La medida fue adoptada mediante un decreto ejecutivo, que oficializa el plan aprobado el pasado 9 de marzo por el Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe) y deroga el anterior Plan Nacional de Seguridad Integral 2019-2030, declarado política pública en 2021.
El decreto dispone que la implementación del plan estará a cargo de los ministerios del Interior, Defensa y Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, así como del Centro Nacional de Inteligencia y la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, instituciones que deberán coordinar acciones en el ámbito de sus competencias para cumplir los objetivos establecidos.
Según el documento oficial, el plan consolida un enfoque de "seguridad multidimensional" e integral, incorpora una visión de largo plazo basada en los "intereses nacionales" y busca articular la acción de las distintas instituciones del Estado frente al actual contexto de "conflicto armado interno", declarado por el Gobierno en 2024.
Además, plantea fortalecer la cooperación internacional para combatir "el crimen organizado transnacional", considerado por el Gobierno como una de las principales amenazas del país andino.
El Ejecutivo señala que el documento servirá como "hoja de ruta" para la prevención, protección, respuesta y recuperación frente a amenazas a la seguridad, además de "reconocer la complejidad de los desafíos actuales y la necesidad de una respuesta articulada, firme, decisiva y coordinada de todo el Estado ecuatoriano".
Ecuador vive desde 2024 bajo un estado de "conflicto armado interno" declarado por Noboa para intensificar la lucha contra las bandas criminales, a las que pasó a llamar "terroristas", y a las que vincula, principalmente, con el narcotráfico y la minería ilegal.
Pese a esa declaratoria, 2025 cerró con un récord de homicidios en Ecuador, al contabilizar en torno a los 9.300, de acuerdo a cifras del Ministerio del Interior.