Dos de los cuatro miembros de esta organización delictiva, uno de ellos el cabecilla, fueron detenidos en Vila Nova de Gaia y en Oporto, en cumplimiento de órdenes de registro y detención solicitadas por las autoridades judiciales españolas.
En la operación participaron la Dirección del Norte de la PJ, la Policía Nacional de España y Europol.
Por su parte, las autoridades españoles desmantelaron dos centros operativos y detuvieron a sus responsables, además de incautar más de 170 móviles y 15 ordenadores utilizados para realizar las transferencias.
Paralelamente, se incautaron tres millones de euros en fondos obtenidos de forma fraudulenta, que están disponibles para su restitución a las víctimas de dichos delitos.
La investigación comenzó cuando las autoridades policiales detectaron una actividad empresarial que parecía legítima, pero que presentaba indicios de blanqueo de capitales, en la que estaban implicadas nueve personas físicas y 19 jurídicas.
El grupo de sospechosos abrió 800 cuentas bancarias y 120 cuentas empresariales, y se apropió de un total de 140 millones de euros.
Los fondos recaudados se dispersaban y ocultaban inmediatamente en otra red de cuentas bancarias, en una cadena de transacciones que protegía el producto del delito, lo que permitía que dichas cantidades se transfirieran de forma encubierta a cuentas bancarias de otros países.
Hasta la fecha, se ha identificado un flujo financiero superior a 94 millones de euros, a los que hay que sumar 61 millones desviados en 2024.