Las autoridades activaron un protocolo de seguridad luego de recibir una "alerta a través de la central telefónica de la institución sobre una presunta amenaza de bomba", detalló en una publicación en X la Corte Suprema de Justicia (CSJ), de la que depende el RUN, creado en 2025 y que gestiona el catastro nacional y los registros públicos de inmuebles.

Según el CSJ, integrantes de las Fuerzas de Operaciones Especiales de la Policía Nacional (FOPE) no encontraron durante la inspección "ningún elemento que constituyera una amenaza real".

Tras una "minuciosa inspección de seguridad" y al comprobarse "la inexistencia de riesgo para la integridad de las personas", se autorizó el regreso de los funcionarios, agregó la nota.

Por su parte, el encargado de la División de Prevención y Seguridad del RUN, Óscar Pino, aseguró a la radio ABC Cardinal que se ordenó evacuar la sede del RUN y otro edificio vecino perteneciente a esa entidad, en el que funciona la Dirección de Registros Especiales.

En total, indicó, salieron entre 600 y 700 funcionarios.