En una nota enviada por la Cancillería de Nicaragua a la costarricense, el Gobierno sandinista recordó "al ilustrado Gobierno de Costa Rica el principio de no intervención o injerencia en los asuntos internos de otros Estados".
También que Nicaragua "no es una provincia de su respetable país y, por lo tanto, tiene derecho a ejercer su soberanía e independencia, igual que cualquier otro Estado del Mundo".
"Desconocemos las atrevidas declaraciones del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica, y ratificamos que los asuntos nacionales son propios de cada Estado independiente, y que Nicaragua nunca ha intervenido en los problemas, conflictos o desafíos que ha tenido y, como cualquier otro país tiene y mantiene, el Gobierno de Costa Rica", continuó.
Asimismo, Nicaragua deseó a la presidenta costarricense, Laura Fernández, y a su gabinete, "éxitos en su gestión, que según sus adversarios internos, presenta múltiples desavenencias y desacuerdos, como suele suceder, y como sucede, en cualquier tiempo de la historia de la comunidad humana".
"El respeto al derecho ajeno es la paz", concluyó Managua.
En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores costarricense expresó "su profunda preocupación por el cierre sistemático de los espacios cívicos y la persecución contra las voces disidentes" en Nicaragua.
El pronunciamiento recuerda que Costa Rica no reconoció el último proceso electoral de Nicaragua de 2021 debido a la "ausencia de condiciones y garantías", y recordó que "Costa Rica siempre ha apoyado y abogará por unas elecciones libres, democráticas, transparentes y plurales en la República de Nicaragua".
En junio pasado, el canciller de Costa Rica, Manuel Tovar, expresó en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), la preocupación de su país por "el deterioro de la situación democrática y de los derechos humanos en Nicaragua, por las denuncias de detenciones arbitrarias, las desapariciones forzadas y las restricciones a las libertades fundamentales y el hostigamiento contra líderes religiosos y comunidades de fe".
Las relaciones bilaterales entre Costa Rica y Nicaragua se mantienen a nivel de consulados desde 2018, cuando el entonces presidente costarricense, Carlos Alvarado (2018-2022), decidió no nombrar embajador en Nicaragua debido a la represión y violaciones a los derechos de opositores y manifestantes.
Ortega sepultó explícitamente el domingo cualquier posibilidad de alternancia democrática al sentenciar que no permitirá procesos electorales en Nicaragua que pongan en riesgo el control del oficialismo.
Nicaragua es gobernada desde 2007 por Ortega, un exguerrillero sandinista de 80 años, en medio de denuncias de fraudes electorales o eliminando a la oposición para no tener competencia.
Su esposa, Rosario Murillo, que era vicepresidenta desde 2017, fue designada copresidenta desde febrero de 2025 a través de una reforma constitucional, que además estableció que el Ejecutivo "coordine" los demás "órganos" del Estado, que dejaron de llamarse poderes, y legalizó la apatridia.
Nicaragua debía celebrar elecciones generales en noviembre de 2026, pero las enmiendas constitucionales ampliaron el período presidencial, por lo que en teoría serían en noviembre de 2027.
En enero pasado, el Departamento de Estado de Estados Unidos acusó a Murillo de haberse inventado el cargo de "copresidenta" en Nicaragua sin elecciones, sin mandato y sin legitimidad, "porque sabe que no puede ganar" en un proceso electoral libre.