"Desde Primero Justicia exhortamos a atender con prioridad a los sobrevivientes (…) y que se planifique urgentemente la reconstrucción de Vargas (La Guaira) cimentada en criterios científicos y en la experiencia acumulada", dijo María Gabriela Hernández, secretaría nacional de Ambiente y Sostenibilidad de Primero Justicia, en un comunicado.
Agregó que el Estado venezolano "carece de capacidad técnica y voluntad política requeridas para atender de manera integral a las comunidades afectadas" por los terremotos que han dejado 5.208 fallecidos y 16.740 heridos, según el último balance oficial de este domingo.
En el plan, Hernández plantea aplicar la experiencia de Japón, uno de los países más sísmicamente activos del mundo, en el modelo de reciclaje de escombros, que permite "implementar el parcelamiento, la clasificación, trituración e incineración móvil de escombros para la reapertura de vías", además de prohibir el lanzamiento de basura y otros materiales tóxicos al mar.
El doble sismo ha dejado 2.106.000 toneladas de escombros, según una estimación del Gobierno de Venezuela en conjunto con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
La tolda política, además, propone retomar el Estudio sobre el Plan Básico de Prevención de Desastres en el Distrito Metropolitano de Caracas entregado por la Agencia de Cooperación Internacional de Japón tras el deslave de 1999, un conjunto de fuertes lluvias e inundaciones que también devastaron a La Guaira.
Y por último, ejecutar las recomendaciones hechas por la Universidad Central de Venezuela, principal casa de estudios del país, para modernizar las canalizaciones de los cauces de concreto armado así como aplicar estudios de "microzonificación sísmica" antes de autorizar cualquier construcción o reconstrucción en el área costera.
"La reconstrucción (...) no es viable bajo los mismos esquemas de quienes fallaron en el pasado", sostuvo Hernández.
El doble sismo ha dejado también a 17.907 personas sin viviendas, al menos 190 edificios colapsados, y 856 edificios afectados, según el Gobierno.