Estos son la 'Guía conceptual y metodológica para el monitoreo de los derechos de las personas privadas de libertad en lugares de atención a la salud mental' y 'Salvaguardas para el monitoreo de centros de tratamiento de adicciones en América Latina', nacidas del proyecto de cooperación internacional 'Construir servicios de salud mental y adicciones libres de violencia y discriminación: un enfoque binacional México–Uruguay'.
La directora de la Inddhh, Jimena Fernández, explicó que, a través del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, la institución monitorea centros penales, instituciones psiquiátricas y de tratamiento por el uso problemático de sustancias y que al llegar a esos lugares lo importantes es saber qué mirar y cómo hacerlo.
"Estos documentos presentan justamente eso, dónde tienen que estar puestos los acentos, qué es lo que hay que mirar para ver si efectivamente se cumplen los derechos, si existe dignidad humana, por así decirlo, y que no haya violencia institucional", resumió en diálogo con la prensa.
También, los documentos presentan aspectos a examinar en estos centros, como pueden ser que las personas puedan mantenerse en contacto con sus familiares o que tengan la posibilidad de denunciar y ser protegidos en caso de sufrir algún tipo de maltrato, ejemplificó.
"Es como una lista de chequeo que es bastante larga y que tiene también una cosa buena que es que lo estamos trabajando en forma conjunta, o sea en toda América Latina se va a mirar de la misma manera", celebró Fernández.
El secretario general de la Junta Nacional de Drogas, Gabriel Rossi, también celebró la reunión en Uruguay de colegas de toda la región para acordar "criterios generales sobre el tema de la habilitación de centros" y reafirmar que las adicciones y la salud mental no se pueden pensar por separado.