La Fiscalía del condado de Bács-Kiskun confirmó a los medios húngaros que la operación forma parte de una investigación sobre el presunto uso irregular del Fondo Nacional de Cultura, un programa estatal en el que se distribuyeron de forma presuntamente opaca unos 17.000 millones de forintos (unos 47 millones de euros).
Hasta el momento, seis personas han sido imputadas por el caso, aunque todas niegan haber cometido irregularidades en la gestión de los fondos.
De acuerdo con la investigación, parte de esos recursos habría beneficiado a artistas y organizaciones vinculadas a Fidesz, y algunos de ellos participaron en la campaña de las elecciones legislativas de abril, en las que el partido perdió el poder tras 16 años de Gobierno.
La Fiscalía indicó que agentes de la Administración Nacional de Impuestos y Aduanas participaron en el registro, aunque no ofreció más detalles porque la investigación está en curso.
Fidesz aseguró, por su parte, que los investigadores se presentaron "sin previo aviso" en el centro de datos donde se alojan sus servidores con la intención de incautar "todo el sistema de comunicaciones y las bases de datos" del partido.
En un comunicado publicado en las redes sociales, la formación sostuvo que una actuación de este tipo "no tiene precedentes en Hungría desde el fin del comunismo en 1990" y acusó al nuevo Ejecutivo de utilizar los instrumentos del Estado para intentar destruir a la oposición.
El primer ministro, el conservador Péter Magyar, líder del partido Tisza, afirmó que conoció la noticia a través del comunicado de Fidesz.
Desde que llegó al poder en mayo tras lograr una amplia mayoría absoluta, Magyar ha impulsado una agenda de reformas destinada a desmontar las estructuras políticas heredadas de la etapa de Orbán y ha prometido perseguir los casos de corrupción vinculados a esa época.
Hungría figura como el país de la UE peor valorado en el índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional, mientras que el hombre más rico del país, amigo de infancia de Orbán, multiplicó su fortuna durante los años de Gobierno del dirigente ultranacionalista.
Fidesz, por su parte, sostiene que las reformas del nuevo Gobierno responden a una persecución política y acusa a Magyar de emplear la judicatura para debilitar a la antigua formación gobernante, que en sus 16 años en el poder colonizó todas las instituciones del Estado.