La iniciativa salió adelante con 296 votos a favor y 224 en contra, tras un debate marcado por fuertes tensiones entre el Gobierno y parte de los partidos que respaldan al Ejecutivo. El proyecto quedó pendiente solo de su ratificación definitiva por el Senado, un trámite previsto para este mismo martes.
La norma contempla que la Agencia Nacional de Seguridad Sanitaria (Anses) pueda autorizar, bajo criterios estrictos y de forma excepcional, el uso de las sustancias activas acetamiprid y flupyradifurona en un número limitado de producciones agrícolas afectadas por dificultades económicas.
La inclusión de esta medida reabrió el debate sobre el uso de pesticidas en Francia, un año después de que una iniciativa similar fuera anulada por el Consejo Constitucional.
Durante la tramitación, diputados de los partidos Renacimiento, MoDem y Liot intentaron eliminar la disposición mediante una enmienda, pero el Gobierno impidió que fuera debatida, lo que provocó críticas y malestar de varios parlamentarios de la mayoría gubernamental.
La ministra de Agricultura, Annie Genevard, defendió la aprobación del proyecto al considerar que aporta respuestas urgentes para el sector agrícola y pidió no rechazar el conjunto del texto por la controversia en torno a un único artículo.
Pero la ministra de Transición Ecológica, Monique Barbut, mantiene su oposición a la reintroducción del acetamiprid y, según fuentes de su entorno, estudia dimitir si la ley entra en vigor.
Los grupos de izquierda votaron mayoritariamente en contra y anunciaron que recurrirán la ley ante el Consejo Constitucional una vez concluya su tramitación.
La aprobación del proyecto también provocó reacciones contrapuestas fuera del Parlamento. Mientras el principal sindicato agrícola, la FNSEA, calificó la ley como un paso decisivo para responder a la crisis del campo francés, organizaciones ecologistas denunciaron un retroceso en la protección ambiental.
Varios cientos de personas se concentraron en la tarde del lunes en la explanada de Los Inválidos, en París, convocadas por una veintena de organizaciones, entre ellas la Confederación Campesina, para llevar a cabo una acción simbólica para denunciar el impacto que, según dicen, tendrá la ley sobre la calidad del agua, la salud pública y el futuro de la agricultura.
Durante la protesta, activistas repartieron vasos de agua procedente de bidones identificados como agua potable, pero cubiertos con etiquetas similares a las utilizadas en envases de pesticidas, mientras otros rociaban agua con pulverizadores agrícolas para alertar sobre los riesgos asociados al uso de productos fitosanitarios.