"Suprimir" un derecho "fundamental" como es el voto "representa un fuerte agravio" a principios democráticos y "en respuesta a ese grave hecho, el Gobierno de Panamá ha convocado a consultas en la Ciudad de Panamá al embajador ante Nicaragua", señaló la Cancillería panameña en un comunicado.
Con este llamado a consultas al embajador Eddy Davis Rodríguez, el Ejecutivo panameño retira a su representante diplomático en Managua y con ello rebaja el nivel de las relaciones, explicaron a EFE fuentes oficiales.
Ortega, un exguerrillero sanidinista que gobierna Nicaragua desde 2007, dijo el pasado domingo durante la conmemoración del 47 aniversario de la revolución sandinista que en Nicaragua "no volverán a haber elecciones para que por allí intenten ellos (oposición) atrapar el Gobierno, atrapar el poder".
La Cancillería panameña rechazó "las declaraciones hechas públicas por el presidente Daniel Ortega concernientes a que no habrá más elecciones en Nicaragua", pues considera que "el voto constituye el principal mecanismo mediante el cual los ciudadanos expresan libremente su voluntad".
También reafirmó "su compromiso con la democracia, el respeto al orden constitucional, las libertades fundamentales, el pluralismo político y la decisión soberana de los pueblos" y sostuvo que "el respeto a la voluntad popular, expresada mediante elecciones libres periódicas, transparentes y competitivas, es una condición esencial para la vigencia de la democracia".
Panamá hizo "un llamado a respetar los derechos civiles y políticos, preservar la vía electoral y garantizar las condiciones necesarias para que todas las voces puedan participar libremente en la vida pública del país.
De esta manera, Panamá se suma al rechazo a esas declaraciones de Ortega junto con Costa Rica y EE.UU..
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, acusó este martes Ortega de haber mostrado su "verdadera naturaleza autoritaria".
El Gobierno de Costa Rica expresó el lunes su "profunda preocupación" por el cierre de espacios cívicos en Nicaragua, lo que generó el rechazo del Ejecutivo sandinista al calificarlo como "declaraciones atrevidas" de su vecino.
Ortega y su esposa Rosario Murillo, que era vicepresidenta desde 2017 y fue designada copresidenta desde febrero de 2025 a través de una reforma constitucional, gobiernan Nicaragua, en medio de denuncias de fraudes electorales o eliminando a la oposición para no tener competencia.
Nicaragua debía celebrar elecciones generales en noviembre de 2026, pero las enmiendas constitucionales ampliaron el período presidencial, por lo que en teoría serían en noviembre de 2027.