El escrito elaborado por el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, avanzado por VilaWeb y al que ha tenido acceso EFE, responde a una providencia emitida ayer lunes por el Tribunal de Cuentas, en la que preguntó a acusaciones y defensas si cabe la "posibilidad" de no amnistiar a la treintena de ex altos cargos del Govern encausados por los gastos del 'procés', entre ellos Puigdemont, si se utilizaron fondos de la Unión Europea para sufragarlos.
En su "denuncia" contra el Reino de España por "incumplimiento del derecho de la Unión Europea", fechada este martes y dirigida a la secretaría general de la Comisión Europea, Boye pide abrir contra España "el procedimiento de infracción previsto" en el artículo 258 del Tratado de Funcionamiento de la UE, por el "incumplimiento", por parte del Tribunal de Cuentas, de la sentencia del TJUE que avala la amnistía.
El escrito, que no solo representa a Puigdemont sino también a los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig, dice que el Tribunal de Cuentas "difundió una nota de prensa oficial que tergiversa el sentido del fallo" del TJUE, al afirmar por ejemplo que este fallo "admite las ocho cuestiones planteadas" por el tribunal español, pese a que varias de ellas "fueron declaradas inadmisibles".
El "efecto combinado" de la providencia del Tribunal de Cuentas, señala el texto de la defensa de Puigdemont, Comín y Puig, es la "inaplicación de la sentencia" del TJUE, ya que "se reabre una fase probatoria que el marco procesal declarado conforme prohíbe, se suspende 'sine die' el plazo perentorio de dos meses" de la ley de amnistía y se mantienen, entretanto, "medidas cautelares que gravan a los denunciantes en más de 9,5 millones de euros".
Por ello, la defensa pide a la Comisión Europea que remita "al Reino de España la correspondiente carta de emplazamiento con carácter urgente, dada la naturaleza del incumplimiento y su incidencia sobre medidas cautelares que gravan a los denunciantes en más de 9,5 millones de euros".
La postura del Tribunal de Cuentas, según la denuncia, contraviene el artículo 4 del Tratado de la Unión Europea, sobre la cooperación leal, así como el artículo 19 del mismo tratado y el artículo 47 de la Carta de Derechos Fundamentales.
"El incumplimiento deliberado de una sentencia del Tribunal de Justicia por un órgano jurisdiccional de un Estado miembro, acompañado de su tergiversación pública mediante una nota de prensa oficial, afecta al valor del Estado de Derecho en que la Unión se fundamenta", subraya el texto.
La defensa de Puigdemont, Comín y Puig también ha remitido un escrito al TJUE para hacerle saber que el Tribunal de Cuentas está cometiendo "un incumplimiento manifiesto y deliberado" del fallo que dictó la semana pasada el tribunal europeo sobre la amnistía.
Asimismo, ha dirigido un escrito de alegaciones al Tribunal de Cuentas en el que niega que los gastos del 'procés' se sufragaran con "fondos procedentes del presupuesto de la Unión" y reclama que "dicte, dentro del plazo máximo de dos meses, una resolución que declare amnistiados los hechos".
Precisamente este martes, la Fiscalía ha pedido al Tribunal de Cuentas que amnistíe de forma urgente a los encausados por los gastos del 'procés', al considerar "innecesario e improcedente" que se plantee no aplicarles la ley tras la sentencia de la justicia europea.