La nueva entidad, a la que los diputados dieron luz verde en su última sesión plenaria antes del descanso estival con 276 votos a favor y 86 en contra, asumirá la propiedad de los inmuebles estatales, mientras que los ministerios y el resto de organismos públicos pasarán a ser arrendatarios de los edificios que ocupan.
Este modelo pretende hacer visible el coste real del uso del espacio y favorecer una gestión más eficiente.
Francia dispone de un patrimonio inmobiliario de cerca de 96 millones de metros cuadrados construidos y más de 42.000 kilómetros cuadrados de terrenos, valorados en unos 74.000 millones de euros.
La ley transforma la actual Agencia Estatal de Gestión Inmobiliaria (Agile) en un establecimiento público de carácter industrial y comercial (EPIC), bajo la supervisión de la Dirección Estatal de Bienes Raíces (DIE).
El objetivo es separar las funciones de propietario y ocupante para incentivar la reducción, la reorganización o la eliminación de espacios infrautilizados.
El Ejecutivo sostiene que los alquileres abonados por los ministerios contribuirán a racionalizar el uso del patrimonio y a financiar la rehabilitación energética de los edificios públicos.
El ministro francés de Cuentas Públicas, David Amiel, recordó que el Estado afronta unas necesidades de inversión estimadas entre 140.000 y 150.000 millones de euros hasta 2050 para modernizar su parque inmobiliario.