La agencia Mizan, del Poder Judicial iraní, informó de la ejecución de Mehdi Khanki, acusado de ser un “miembro activo de un grupo terrorista” implicado en las protestas de enero, que las autoridades iraníes han denunciado como un “golpe de Estado” orquestado por Estados Unidos e Israel.
Según la versión oficial, Khanki fue detenido el 9 de febrero en la ciudad de Karaj, a unos 50 kilómetros al oeste de Teherán, después de que los servicios de inteligencia lo identificaran como miembro de un grupo opositor armado.
Las autoridades aseguraron que durante el registro de su vivienda fueron halladas cinco pistolas, munición, granadas de fabricación casera, dispositivos de detonación, explosivos artesanales y material para fabricar bombas.
De acuerdo con la investigación judicial, el condenado se había unido en 2023 a un grupo opositor, había recibido formación para fabricar explosivos a través de un contacto en internet y obtuvo fondos mediante criptomonedas para adquirir los materiales.
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La Fiscalía lo acusó de “llevar a cabo operaciones en beneficio del régimen sionista (Israel), Estados Unidos y grupos hostiles”, así como de fabricar, almacenar y utilizar armas y explosivos durante las protestas de enero.
El Tribunal Revolucionario de Karaj lo condenó a muerte y ordenó además la confiscación de todos sus bienes, una sentencia que fue confirmada posteriormente por el Tribunal Supremo.
Con esta ejecución, ascienden a veinticuatro las personas ahorcadas por las autoridades iraníes por su presunta participación en las protestas, que exigían el fin de la República Islámica y fueron sofocadas tras una dura represión en la que murieron 3.117 personas, según las autoridades iraníes.
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No obstante, organizaciones de derechos humanos como la opositora HRANA, con sede en Estados Unidos, elevan la cifra de muertos a más de 7.000.
Irán es uno de los países con mayor número de ejecuciones del mundo. En 2025 ahorcó a 2.159 personas, más del doble que en 2024 y la cifra más alta registrada en décadas, según Amnistía Internacional.