La normativa japonesa, aprobada el pasado octubre, obliga a los nuevos negocios a contar con un capital mínimo de 160.000 euros frente a los 25.000 anteriores, además de un dominio avanzado del japonés y la necesidad de tener al menos una oficina y un empleado a tiempo completo que resida en el archipiélago.
Los comercios que ya tenían este visado de negocios también tendrán que someterse a estos criterios en el proceso de renovación del mismo, algo que ha sembrado dudas por todo el país, con muchos comercios obligados a cambiar de rumbo o incluso a cerrar tras no poder afrontar las condiciones.
"Me preocupa no poder renovar mi visado", explicó a EFE el dueño malasio de un restaurante halal en el barrio capitalino de Shinjuku, que prefirió mantener el anonimato. Tras seis años al frente de su negocio, no sabe si podrá cumplir los nuevos requisitos y teme verse obligado a abandonar Japón si no lo consigue.
Manish Kumar, ciudadano indio residente en Japón desde hace casi tres décadas, tuvo que cerrar su restaurante tras la entrada en vigor de la normativa.
"No he hecho nada malo a Japón, trabajé duro y crié a mis hijos. Después de haber llegado tan lejos, ¿es humano decir que regrese?", planteó el pasado mayo, durante un acto en protesta contra los nuevos procedimientos.
Su caso llamó la atención de Taro Tsurugashima, activista de 51 años y cliente habitual del restaurante, que hace dos meses entregó a la Agencia de Servicios de Inmigración japonesa (ISA) una petición para revisar la normativa firmada por más de 68.000 personas.
"Hicieron tan estrictas las normas que van a terminar convirtiendo en ilegales a personas que hacen las cosas bien y trabajan con seriedad", denunció Tsurugashima a EFE.
Según una encuesta de la agencia de información empresarial nipona Tokyo Shoko Research (TSR), el 45,2 % de los negocios extranjeros se verán afectados de algún modo por las nuevas condiciones, y un 5,3 % contempla directamente el cierre.
Además, solo el 1 % de las empresas encuestadas cuenta con los 30 millones de yenes (unos 160.000 euros) que ahora son requeridos para los nuevos visados. En este contexto, las quiebras de empresas extranjeras alcanzaron las 91 en el año fiscal 2025, la cifra más alta en tres décadas.
El endurecimiento de los trámites se enmarca dentro de la política migratoria de la primera ministra nipona, Sanae Takaichi, que busca acabar con el "uso fraudulento" de este visado, pensado para atraer a trabajadores extranjeros cualificados que impulsen negocios en el país.
Bajo su "Plan Cero Inmigrantes Ilegales", la reforma busca eliminar las conocidas como ‘empresas fantasma’, utilizadas según el Gobierno como un atajo migratorio para residir en el archipiélago. Una medida que afectará sobre todo a ciudadanos de origen chino, vietnamita y filipino, que representaron el 80 % de los visados emitidos el pasado año.
Los nuevos pasos para obtener el estatus de residencia como emprendedor han frenado en seco las solicitudes, con una caída del 96 %, según confirmó la ministra de Estado para Seguridad Económica de Japón, Kimi Onoda, en una rueda de prensa en mayo.
Según la ISA, a finales de 2024 había más de 41.600 extranjeros con este visado en el archipiélago, más del doble que una década antes. Tras la reforma, las solicitudes mensuales cayeron de un promedio de 1.700 a 70.
Aunque apenas representan el 3 % de la población, los cuatro millones de extranjeros residentes en Japón en 2025 suponen un récord, y han sido blanco de un creciente sentimiento antiinmigración alimentado por partidos ultraconservadores como Sanseito.
"Empezar un negocio en una tierra extranjera es algo muy complicado", relató Tsurugashima, ante una situación que considera que perjudica al país en todos los sentidos.
"Traicionar las expectativas de esas personas, expulsarlas, separar a las familias, y en algunos casos incluso ser deportados" es algo que dejará una imagen negativa para personas que calificó como "extremadamente competentes".