Asfari, de 56 años y condenado a 30 años de prisión en la cárcel de Kenitra, al norte de Rabat, inició el pasado 8 de junio una "huelga de hambre indefinida" para reclamar una revisión de sus condiciones, atención médica adecuada y su traslado a una prisión en el territorio del Sáhara Occidental.
La administración de la Prisión Central de Kenitra anunció que Asfari presentó este viernes una "notificación escrita de su puño y letra" en la que comunicaba que ponía fin a la huelga de hambre.
Añadió que, acto seguido, "se le tomaron sus constantes vitales, las cuales eran normales, y que será sometido a vigilancia médica conforme al protocolo aprobado al respecto".
El pasado 14 de julio, las autoridades penitenciarias marroquíes informaron de que la situación del activista "es normal" y que, desde el inicio de la huelga de hambre, está sometido al protocolo establecido para los reclusos que realizan este tipo de protesta.
Añadieron en un comunicado que Asfari había sido entrevistado en varias ocasiones por el director del centro penitenciario con el objetivo de convencerlo de que pusiera fin a la huelga.
Las autoridades marroquíes consideraron que las demandas del activista saharaui "no tienen ningún fundamento jurídico" y afirmaron que no es posible su traslado al Sáhara por "la inexistencia en esas regiones de un centro penitenciario destinado al cumplimiento de condenas de larga duración".
Sin embargo, la Instancia Marroquí de Apoyo a los Detenidos Políticos había pedido una "intervención urgente para salvar" al activista y advertido de que su huelga de hambre supone "una amenaza verdadera" para su salud y su vida.
Asfari está considerado líder del llamado 'grupo de Gdaim Izik' y fue condenado en 2017 a treinta años de prisión por la muerte de once agentes marroquíes durante el desmantelamiento de un campamento de protesta saharaui en 2010 en la localidad de Gdaim Izik, en las afueras de El Aaiún, capital del Sáhara Occidental.
El activista y una veintena de compañeros suyos fueron declarados culpables de homicidio y formación de banda armada, entre otros delitos, aunque organizaciones internacionales de derechos humanos como Human Rights Watch y Amnistía Internacional sostienen que los juicios estuvieron marcados por irregularidades procesales.