El Ejecutivo del primer ministro, Anthony Albanese, y el Gobierno de Australia Occidental destinarán cuatro millones de dólares australianos (unos 2,25 millones de euros) a una fase inicial de análisis del proyecto, que sería desarrollado por una empresa privada, según anunció hoy la ministra de Recursos, Madeleine King, en declaraciones a medios.
Australia importa actualmente alrededor de un 90 % de los combustibles líquidos que consume, después del cierre progresivo de varias refinerías durante los últimos veinticinco años. En la actualidad solo permanecen operativas las plantas de Lytton, en Brisbane (este), y de Geelong, en el estado de Victoria (sur).
King afirmó que la iniciativa responde al deterioro del contexto geopolítico y a la necesidad de fortalecer la capacidad nacional de suministro.
"El conflicto en Oriente Medio sigue generando inestabilidad en el mercado energético mundial y la seguridad del combustible es fundamental para el futuro de Australia", declaró la ministra en una entrevista con la cadena pública ABC.
La funcionaria explicó que el estudio analizará la ubicación más adecuada para la infraestructura y su viabilidad técnica y económica, aunque señaló que el norte de Australia Occidental reúne características favorables por su infraestructura industrial y su acceso al océano Índico.
La titular de la cartera australiana de Ambiente también subrayó que disponer de capacidad propia de refinación permitiría al país almacenar petróleo crudo durante largos periodos y procesarlo cuando fuera necesario, una ventaja frente a la importación exclusiva de combustibles refinados, cuya conservación es más limitada.
El proyecto forma parte de una estrategia más amplia del Gobierno australiano para reforzar la seguridad energética, tras el aumento de la volatilidad en los mercados internacionales del petróleo, que ha impulsado los precios del combustible debido a las presiones inflacionarias.
El Ejecutivo australiano también mantiene bajo revisión la rebaja temporal del impuesto especial sobre los combustibles, cuya vigencia expira a comienzos de agosto. King evitó confirmar una prórroga, aunque aseguró que el Gobierno sigue evaluando medidas para aliviar el impacto del encarecimiento de la gasolina y el diésel sobre los hogares.
El anuncio también ha despertado críticas de grupos ecologistas, como Greenpeace, que consideran que Australia debería acelerar la transición hacia energías limpias en lugar de ampliar su infraestructura vinculada a los combustibles fósiles.