"Esta candidatura refleja el compromiso constante de la República Democrática del Congo con los principios del Estatuto de Roma, así como su compromiso con el Estado de derecho, el multilateralismo y la justicia internacional independiente, imparcial y eficaz", señaló el Ministerio congoleño de Comunicación en un comunicado difundido el domingo.
"Se basa en la convicción de que la lucha contra la impunidad, la protección de las víctimas, el respeto de los derechos de la defensa y las garantías de un juicio justo son elementos indisociables de una paz duradera", añadió el comunicado.
El juez Cirimwami cuenta con más de quince años de experiencia, fue magistrado del Tribunal Superior de la RDC y ejerce actualmente como fiscal en el país africano y como profesor asociado de Derecho Internacional en una universidad de Bélgica, además de asesorar a varios tribunales internacionales.
"Su perfil combina, por tanto, una sólida experiencia judicial nacional, práctica en contenciosos internacionales, actividad académica y contribución al desarrollo del derecho internacional", aseveró el Gobierno congoleño.
"Esta experiencia multidimensional -destacó el Ministerio- le proporciona una comprensión práctica de las exigencias de la función judicial, especialmente en lo que se refiere a la valoración de las pruebas, la tramitación de los procedimientos, la motivación de las resoluciones y el trabajo colegiado".
La candidatura del juez congoleño se anunció días después de que la Asamblea de los Estados Partes de la CPI destituyera el pasado viernes al fiscal Karim Khan por presunta conducta sexual indebida, una decisión sin precedentes para el tribunal encargado de juzgar los crímenes internacionales más graves.
Ese mismo día, Venezuela anunció su intención de denunciar el Estatuto de Roma e iniciar su salida definitiva de la CPI, un movimiento celebrado por EE.UU., que nunca llegó a ratificar el citado tratado, por lo que mantiene que el tribunal carece de jurisdicción sobre ciudadanos estadounidenses.
Esa tensión histórica no ha hecho más que crecer bajo los dos mandatos del presidente estadounidense, Donald Trump.
La CPI está formada por 18 jueces titulares con un mandato de nueve años, sin posible reelección, y celebra elecciones cada tres años para renovar un tercio de sus magistrados, en base a criterios de mérito y representación regional y de género equitativa.