Los dos grupos son los únicos que continúan en el proceso después de que IAG, matriz de Iberia y British Airways, no presentara una propuesta no vinculante en abril.
El Ejecutivo portugués consideró entonces que las ofertas preliminares de Air France-KLM y Lufthansa eran «muy equivalentes» y «muy ambiciosas» en sus vertientes estratégica, industrial y financiera, por lo que invitó a ambas compañías a pasar a la fase vinculante.
Portugal pretende vender un 44,9 % de TAP a un inversor estratégico y reservar otro 5 % para los trabajadores. El Estado conservará al menos el 50,1 % del capital y, por tanto, la mayoría de la compañía.
El ministro portugués de Infraestructuras, Miguel Pinto Luz, advirtió este mes de que la elección no dependerá exclusivamente del precio. Según explicó, se trata de una decisión estratégica y compleja que obliga a analizar numerosos factores.
Entre las prioridades expresadas por el Gobierno figuran el fortalecimiento de TAP, la conservación de su identidad portuguesa y la ampliación de la actividad no solo en Lisboa, sino también en otros aeropuertos del país.
La aerolínea resulta especialmente atractiva por su posición en las conexiones entre Europa y Brasil, así como por sus rutas hacia África y Norteamérica y por los derechos de despegue y aterrizaje que posee en el congestionado aeropuerto lisboeta.
Air France-KLM ha defendido que la incorporación de TAP permitiría convertir Lisboa en su principal centro de operaciones en el sur de Europa y reforzar sus conexiones con América y África. El grupo franco-neerlandés también ha asegurado que pretende preservar la identidad y la marca de la compañía portuguesa.
Lufthansa, por su parte, ha calificado de «muy fuerte» su interés en TAP. Su consejero delegado, Carsten Spohr, ha destacado el potencial de Portugal como socio estratégico y el valor de la red de la aerolínea portuguesa.
El grupo alemán también ha anunciado la construcción de un centro de mantenimiento de Lufthansa Technik en Santa Maria da Feira, en el norte del país, cuya apertura está prevista para 2028.
Una vez recibidas las propuestas, la sociedad pública Parpública dispondrá en principio de 30 días para examinarlas y entregar al Gobierno un informe con su evaluación.
El Ejecutivo podrá seleccionar entonces al comprador o abrir una fase adicional de negociación para solicitar ofertas finales mejoradas. Por ese motivo, el cierre del plazo de este miércoles no implicará todavía la adjudicación inmediata de la participación.