En un comunicado, la organización de derechos humanos advirtió que, entre quienes permanecen condenados a muerte tras las manifestaciones que estallaron en enero de 2026, figuran al menos tres personas que eran menores de edad en el momento de los hechos, cuya ejecución violaría drásticamente la legislación internacional.
La ONG detalló que las últimas ejecuciones confirmadas son las de Amir Hossein Safari y Abolfazl Sepahi, llevadas a cabo públicamente tras un juicio colectivo marcado por irregularidades tras la muerte de cuatro policías en Isfahán.
Ambos habían sido detenidos el 8 de enero y condenados sobre la base de "confesiones" obtenidas bajo custodia, una práctica que ya se utilizó el pasado 19 de julio para ejecutar en el mismo caso a Erfan Esfandiari y Gol Mohammad Mohammadi.
Según AI, el régimen iraní ha intensificado la represión interna escudándose en las "condiciones de guerra" derivadas de los ataques militares de Estados Unidos e Israel contra Irán iniciados el pasado 28 de febrero.
Desde entonces, las autoridades han ejecutado arbitrariamente al menos a 52 personas por motivos políticos o vinculados a las protestas.
La organización responsabiliza de este repunte a la aplicación de figuras penales ambiguas como "enemistad contra Dios" (moharebeh) y "corrupción en la tierra" (efsad-e fel-arz), así como a la nueva Ley de Espionaje promulgada tras el conflicto de 12 días de junio de 2026.
Dicha norma tipifica como delito capital actos pacíficos como manifestarse o compartir datos sobre violaciones de derechos humanos con medios internacionales.
Asimismo, el Ministerio de Inteligencia iraní incluyó el 14 de julio a más de 400 personas y entidades extranjeras -incluidas ONG y medios independientes- en una lista de organizaciones "hostiles", exponiendo a la pena capital a cualquier ciudadano dentro del país que se comunique con ellas.
Amnistía Internacional documentó que los procesos judiciales ante los Tribunales Revolucionarios se celebran a puerta cerrada, con periodos de desaparición forzada, denegación del derecho a un abogado de elección y difusión de "confesiones" televisadas antes del juicio, vulnerando así la presunción de inocencia.
Casos como los del deportista Benyamin Naghdi, condenado tras sufrir 50 días de desaparición forzada, o Peyman Ganjj, quien se retractó en el juicio de unas declaraciones obtenidas bajo tortura, ejemplifican el riesgo inminente al que se enfrentan decenas de procesados por delitos que no implicaron víctimas mortales, cuyos cargos se limitan a actos como lanzar un extintor o participar en incendios durante las marchas.
Ante el clima de terror infundido por las autoridades, AI instó al Gobierno iraní a suspender "de inmediato" todas las ejecuciones previstas y a establecer una moratoria oficial como primer paso hacia la abolición definitiva de la pena de muerte en el país.