Las medidas, conocidas como ICE Out (Fuera ICE), entrarán en vigor el miércoles después de que la gobernadora demócrata Janet Mills permitiera su aprobación sin su firma.
Estas leyes fueron impulsadas en medio de las críticas a la política migratoria de la Administración del presidente Donald Trump, dos semanas después de la muerte del inmigrante colombiano Johan Sebastian Durán a manos de agentes federales en la ciudad de Biddeford, al sur del estado.
Una de las leyes, ICE fuera de la policía, limita la colaboración de las fuerzas locales con ICE al prohibir que las autoridades trasladen a inmigrantes bajo custodia policial a centros de detención federales, los retengan por solicitudes de la agencia migratoria o informen sobre sus fechas de liberación.
La medida busca evitar que los inmigrantes dejen de acudir a las autoridades locales por temor a consecuencias migratorias, explicó este martes la Unión de Libertades Civiles (ACLU) de Maine durante una conferencia de prensa.
Otra de las normas, ICE fuera de las escuelas y centros de salud, permite al personal de escuelas públicas, centros médicos y bibliotecas estatales negar el acceso a esos espacios o a determinada información a agentes migratorios que no presenten una orden judicial.
Durante décadas, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), del que depende ICE, mantuvo una política que restringía las detenciones migratorias en lugares considerados sensibles, pero Trump la revocó tras asumir el cargo en enero de 2025.
La tercera ley, ICE fuera de nuestros hogares, impide que los propietarios entreguen información personal de sus inquilinos a ICE sin una orden judicial y ofrece protección frente a posibles presiones o intimidaciones de la agencia.
Con estas medidas, Maine se suma a otros estados como Nueva York, California, Illinois, Massachusetts, Vermont, Connecticut y Delaware, además de varias ciudades y condados, que han aprobado normas similares para limitar la cooperación local con las autoridades migratorias federales.
"Estas políticas facilitan que las personas vayan al trabajo, lleven a sus hijos a la escuela, acudan al médico o pidan ayuda sin temor a que las instituciones locales se utilicen para aplicar las leyes federales de inmigración", dijo este martes Rubén Torres, director de políticas de la Coalición para los Derechos de los Inmigrantes de Maine.
Mientras, el asesor jurídico Zach Heiden de la ACLU dijo que no esperan que ICE cumpla voluntariamente las nuevas restricciones, pero confían en que las policías locales, oficinas de alguaciles y cárceles sí las apliquen.
La ACLU publicó la semana pasada el informe nacional "Agentes del caos y la crueldad", en el que documenta más de 400 casos de presunta mala conducta de ICE entre más de 1.200 incidentes migratorios analizados.
La organización sostiene que el aumento de recursos otorgados a la agencia bajo la Administración Trump ha incrementado su poder sin que se hayan aprobado reformas para reforzar los mecanismos de supervisión y rendición de cuentas.
"La violencia que ejerce ICE no constituye una aplicación de la ley en el sentido estricto de la palabra. Es ilegal, aterradora y mortal, y debe cesar", zanjó la organización.