"Lo importante era una condena que llevara consigo la inhabilitación, porque lo importante es excluir a una mujer, dos veces presidenta elegida, de una futura contienda electoral. Ese fue el objetivo", dijo el abogado español Javier Borrego en una rueda de prensa en Buenos Aires, donde se presentaron los fundamentos del reclamo.
Esta conferencia de prensa tuvo lugar el mismo día en el que la propia Fernández, detenida en su domicilio desde el 17 de junio de 2025, anunciara a través de una carta abierta la presentación de una comunicación individual ante el Comité de la ONU para revertir la condena.
El documento presentado solicita una medida cautelar para suspender su inhabilitación para ejercer cargos públicos, otra para flexibilizar el régimen de prisión domiciliaria y una tercera para el restablecimiento de la composición de la Corte Suprema argentina, que cuenta actualmente con tan solo tres jueces.
Borrego, quien se desempeñó como juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y magistrado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de España, consideró que la condena contra la exmandataria (2007-2015) fue resultado de "un proceso plagado de irregularidades" y violaciones de las que "deberá tomar conciencia el Comité".
"Había que quitar a una mujer candidata porque molestaba", subrayó.
Consideró que se trata de un caso de "proscripción electoral" producto de un "proceso arbitrario" que ha puesto en juego la democracia: "Cuando perdamos una democracia y un Estado de derecho, nos acordaremos de no haber peleado lo suficiente", apuntó.
"Por eso estamos aquí y por eso estamos en otros sitios si nos llaman, y por eso otros estarán en otros sitios, porque tenemos que pelear entre todos si creemos que merece la pena vivir en democracia", argumentó Borrego.
El español se sumó a la defensa de la exmandataria junto al brasileño Rafael Valim, quien participó en litigios ante el Supremo Tribunal Federal de Brasil y en mecanismos internacionales de protección de derechos humanos, incluido el caso del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva.
"Estamos aquí planteando solamente que se respeten los derechos de una ciudadana argentina. No queremos un tratamiento de excepción. Queremos que una ciudadana argentina tenga sus derechos respetados y por eso ponemos (el caso) bajo escrutinio de este organismo internacional", explicó Valim, quien se mostró optimista de que el Comité suspenda este año la inhabilitación de Fernández.
Consideró que la condena contra Fernández, por la denominada Causa Vialidad, tuvo "gravísimas violaciones a los derechos y garantías fundamentales".
La causa investigó irregularidades en la adjudicación de 51 obras viales en la provincia sureña de Santa Cruz a firmas del empresario Lázaro Báez durante los gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y de la propia Cristina Fernández.
"Es un escándalo lo que hicieron con la presidenta", destacó Valim, al considerar que existen similitudes entre el caso de Fernández y el de Lula da Silva, quien acudió al mismo organismo tras su condena en Brasil, aunque cuando lo hizo no se habían agotado las instancias de apelación en la Justicia de su país.
La condena contra la expresidenta argentina fue dictada por un tribunal federal en diciembre de 2022 y ratificada en junio de 2025 por el Supremo, en una decisión que -según el abogado argentino de Fernández, Carlos Beraldi,- habilita la presentación del recurso ante la ONU.
Según Beraldi, la decisión del Supremo de ampararse en cuestiones técnicas para rechazar el recurso extraordinario que se presentó, en lugar de tratar "las claras violaciones a los derechos humanos y garantías constitucionales", es lo que da "sustento a la presentación internacional".
Preguntado sobre la posibilidad de que Fernández pueda ser candidata en las presidenciales de 2027 en el caso de que avance el proceso, Beraldi explicó: "En la medida en que esta presentación internacional avance y se obtengan decisiones individuales, ya sea en el marco del fondo o bien de las decisiones que tienen carácter cautelar, se irá avanzando en otras cuestiones que tienen que ver con la realidad política".
"Tenemos que esperar que haya novedades internacionales y a partir de ahí verificar la posibilidad de que esto se encasille jurídicamente", concluyó.