Fiscalía de Honduras acusa al exjefe del Ejército por supuestos ataques contra la prensa

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Tegucigalpa, 29 jul (EFE).- El Ministerio Público (Fiscalía) de Honduras presentó este miércoles un requerimiento fiscal contra el general retirado Roosevelt Hernández, exsecretario de Defensa y exjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, por presuntos ataques contra la libertad de prensa.

El requerimiento (una acusación para que la Justicia proceda contra los señalados) fue presentado por la Fiscalía Especial para la Protección de Periodistas, Comunicadores Sociales, Defensores de Derechos Humanos y Operadores de Justicia, dijo a periodistas el portavoz de la Fiscalía hondureña, Yuri Mora.

La acción se deriva de una investigación sobre publicaciones divulgadas entre 2025 y 2026 en un medio digital de las Fuerzas Armadas, que fueron denunciadas por periodistas y por el Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) como parte de una presunta "campaña de desacreditación" contra comunicadores, señaló.

En mayo de 2025, el CPH denunció ante instancias nacionales e internacionales a las Fuerzas Armadas por haber calificado de "sicarios" a tres periodistas a través de uno de sus medios oficiales de comunicación, al considerar que esa acción ponía en riesgo la integridad de los comunicadores y atentaba contra la libertad de prensa.

Los periodistas señalados en el medio digital de las Fuerzas Armadas como "sicarios de la verdad" fueron Rodrigo Wong Arévalo, director del Noticiero Abriendo Brecha; Dagoberto Rodríguez, director de Radio Cadena Voces, y Juan Carlos Sierra, presidente del CPH.

La publicación, difundida en el periódico digital FF.AA. Digital, llevaba el titular 'Sicarios de la verdad' y estaba acompañada de fotografías de los tres periodistas y del logotipo del colegio de periodistas.

Según la Fiscalía, la investigación incluyó denuncias formales, diligencias prejudiciales, un peritaje especializado del material audiovisual y digital, así como la recopilación de testimonios incorporados al expediente.

La Fiscalía indicó que el proceso busca determinar si las publicaciones constituyeron vulneraciones a la libertad de expresión y al ejercicio del periodismo, derechos protegidos por la Constitución hondureña y por tratados internacionales suscritos por el país.

"La libertad de prensa y de expresión no se declara protegida solo en el discurso, se protege con procesos. La libertad de expresión y ejercicio de la función periodística son derechos establecidos en la Constitución y los tratados internacionales que Honduras suscribe", enfatizó.

La Fiscalía destacó que "ningún cargo público está exento de rendir cuentas" cuando se investigan posibles violaciones a estos derechos y señaló que continuará informando sobre el caso en la medida en que lo permita la reserva legal del expediente.