La organización, con sede en Amberes, asegura que la compañía ferroviaria belga recibió pagos por colaborar con los ocupantes alemanes, tras una investigación liderada por el historiador Nico Wouters.
La demanda se centra en 28 trenes que partieron entre agosto de 1942 y julio de 1944 desde un cuartel de la localidad de Malinas, al norte de Bruselas, y que se dirigieron directamente hacia el campo de exterminio de Auschwitz, en Polonia.
A bordo de aquellos convoyes viajaban unos 25.000 judíos, así como varios cientos de ciudadanos de etnia gitana, de los que solo sobrevivieron algo más de 1.000, según la investigación.
La fundación demandante pide que la empresa ferroviaria belga reconozca su responsabilidad ante estos hechos y reclama una indemnización por daños y perjuicios, que también va dirigida al Estado en su condición de propietario de la compañía pública.
Ya se han mantenido conversaciones con la SNCB y el Gobierno federal belga, por el momento sin resultado, aunque los demandantes añaden que podrían detener la acción legal si finalmente se acuerda una compensación.