Los fiscales Luis Piñánez García, Luz Guerrero Moral y Christian Benítez Cáceres, de la Unidad Anticorrupción del Ministerio Público, solicitaron a principios de este mes la desestimación de la causa “pupitres de oro”, al concluir que, a su criterio, no existió perjuicio patrimonial ni lesión de confianza en la millonaria compra de muebles de procedencia china para las escuelas.
No obstante, durante la investigación y según consta en el pedido de desestimación, sí se comprobó un llamativo incremento en la compra después de la adjudicación firmada por la entidad presidida por Justo Zacarías Irún (ANR-HC).
El documento detalla la firma Kamamya S.A., fue adjudicada por G. 248.713.954.290, para la provisión de un total de 328.687 conjuntos de mesas y sillas pedagógicas, en dos lotes.
El principal accionista de la firma es Long Jiang, el empresario chino conectado con el presidente Santiago Peña y el vicepresidente Pedro Alliana, quienes llegaron a utilizar su avión durante y después de la campaña electoral. Peña incluso vacacionó en Brasil con su familia con una camioneta que pertenecía a una firma del mismo empresario.
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La compra creció después de la adjudicación
La Fiscalía detalla en el pedido de desestimación que, luego de la adjudicación, mediante el Aditivo N.º 2, Itaipú Binacional y Kamamya S.A. acordaron ampliar la entrega en 82.150 conjuntos adicionales. Así, la compra pasó de los 328.687 sets adjudicados originalmente a un total de 410.837.
El llamativo aumento no aparece reflejado en los documentos publicados en el portal de Licitaciones de Itaipú y solo queda expuesto a partir de la documentación incorporada durante la investigación fiscal. El total pagado por Itaipú por los dos lotes originales y la ampliación asciende a G. 310.670.983.444.
Es decir, la operación terminó representando para Itaipú un desembolso superior en más de G. 61.957 millones al presupuesto inicialmente previsto. Los documentos que justifiquen la ampliación y el mayor desembolso final no se encuentran publicados en el portal de la binacional.

Llamativo incremento
Por otra parte, en el pedido de desestimación fiscal se señala que el Aditivo N.º 2, para la compra extra de 82.150 conjuntos fue acordado por un monto de G. 61.886.942.526.
Sin embargo, más adelante, al detallar los bienes pagados finalmente por la Itaipú Binacional, la Fiscalía consigna un monto de G. 61.957.029.154. La diferencia entre ambas cifras es de G. 70.086.628.
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Costosos pupitres ya están rotos
Las mesas y sillas pedagógicas fueron distribuidas a 1.383 instituciones educativas del país en setiembre del año pasado. Menos de un año después, en julio de este 2026, ya se reportó que muchos están siendo desechados por su fragilidad.
En el Colegio Nacional Enrique Soler de Capiatá, seis pupitres quedaron inutilizables, tirados en el fondo de la institución, según lo constató un equipo de ABC Color.
La denuncia inicial del caso de los “pupitres de oro” fue presentada por legisladores en marzo de 2025 y señalaba que los muebles habrían sido adquiridos con una “sobrefacturación grosera”. Los parlamentarios alegaron que, mientras el costo de importación desde China era de entre G. 117.000 y 234.000 por conjunto, la Itaipú Binacional terminó pagando un promedio de G. 750.000 por cada pupitre. Durante su investigación, el Ministerio Público determinó que el precio final de cada conjunto es inferior a lo que se oferta en el mercado paraguayo, donde muebles similares cuestan cerca de G. 800.000.
En el pedido de desestimación, la Fiscalía definió que no se cumplen los presupuestos necesarios para sostener una acusación, principalmente debido a la falta de un perjuicio económico real para el Estado, considerando que el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) confirmó que los pupitres fueron entregados.
