Durante el evento, expertos y autoridades gubernamentales coincidieron en que el control del tabaco enfrenta un "conflicto irreconciliable" con los intereses comerciales.
Según expuso la coordinadora del Programa Nacional de Control de Tabaco, Cecilia Reolón, el Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud (OMS) establece que es imposible llegar a consensos con un sector cuyos productos causan adicción, enfermedad y muerte.
Reolón advirtió que la interferencia abarca toda la cadena de producción, desde cultivadores hasta distribuidores, quienes a menudo hacen presión para frenar aumentos de impuestos o debilitar políticas de salud.
El director regional para América Latina en Control de Tabaco de las organizaciones sin ánimo de lucro Vital Strategies, Gustavo Soñora, explicó que la interferencia actual rara vez es "flagrante".
En cambio, la industria utiliza el retraso deliberado de normativas, el lobby indirecto y la financiación de "grupos fachada" que se presentan como independientes ante la opinión pública.
La Directora General de Salud del ministerio, Laura Llambí, recordó episodios recientes en Uruguay que evidencian esta presión.
Llambí mencionó los decretos de 2021 y 2022 -derogados en junio del 2025- que habilitaban la comercialización de productos de tabaco calentado y modificaban las reglas del empaquetado genérico, permitiendo insertar logotipos y cambiar las características de las cajas.
También, señaló que los fundamentos del decreto de 2021 replicaban argumentos de la propia Philip Morris, mientras que el decreto de 2022 fue admitido por el propio expresidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, como una respuesta a una solicitud directa de la industria local.
La responsable ministerial aseguró que, actualmente, la prevalencia del tabaquismo en adultos y jóvenes en Uruguay muestra un descenso, aunque se encuentra en una etapa de "meseta", lo que exige la implementación de nuevas acciones para sostener los logros del "primer país libre de humo de las Américas".
Uruguay, que fue el primer país que aplicó de manera más completa el Convenio Marco para el Control del Tabaco, ganó una demanda internacional presentada por Philip Morris en febrero de 2010 ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial.
La tabacalera reclamaba unos 25 millones de dólares alegando que las políticas antitabaco del país afectaban sus inversiones, sin embargo, el 8 de julio de 2016, el tribunal falló a favor de Uruguay y obligó a la empresa a pagar 7 millones de dólares en costos legales al Estado uruguayo.