El texto, que se empezará a debatir este viernes en la comisión de justicia (paso previo a su votación en el hemiciclo), fue presentado por el partido islamista AKP del presidente, Recep Tayyip Erdogan, y cuenta con el respaldo de la mayoría de las formaciones representadas en la Asamblea, salvo el nacionalista IYI.
Un portavoz del izquierdista DEM, el partido que defiende los intereses de la minoría kurda, aseguró en declaraciones telefónicas a EFE que considera el borrador "muy positivo".
Explicó que la ley proyectada tiene dos vertientes: permitirá el retorno de numerosos exguerrilleros de Irak, donde el PKK tiene su retaguardia, y facilitará la excarcelación de los militantes que cumplen condena en Turquía.
El PKK, que inició la lucha armada en 1984 para lograr la independencia de la minoría kurda de Turquía, anunció su disolución en mayo de 2025 y dos meses más tarde escenificó una simbólica quema de armas en Irak. Desde entonces, espera que Ankara adopte medidas que faciliten la vuelta de los guerrilleros a su país.
Según el borrador de ley, se prevé que una vez que el Ministerio del Interior y los servicios secretos turcos certifiquen que el PKK está realmente disuelto, los exmilitantes que no tengan delitos de sangre deberán acudir a los tribunales turcos para acogerse a un proceso legal que determinará sus responsabilidades legales, pero sin necesidad de ingresar en la cárcel.
Una comisión jurídica, compuesta por fiscales y otras autoridades, determinará las responsabilidades legales de cada solicitante y si consideran que, de ser juzgados, merecerían menos de 15 años de cárcel, decidirán suspender la investigación durante 5 años, al cabo de los cuales, si la persona no comete otro delito, se archiva el caso de forma definitiva.
Si los delitos merecerían más de 15 años de cárcel, la comisión jurídica suspenderá la investigación igualmente, pero el periodo de prueba será de 10 años.
La ley también prevé "aplazar la pena" a las personas ya condenadas por pertenencia al PKK, propaganda terrorista o similar, siempre que no haya delitos de sangre, lo que significará su puesta en libertad inmediata, independientemente de la duración de su condena.
Si la condena es menor de 15 años, pasarán 5 años en libertad vigilada y si es mayor, el periodo será de 10 años sin reincidir, al cabo de los cuales la condena se considera cumplida.
Según el diario 'Hürriyet', esta medida facilitará la puesta en libertad de unos 3.600 presos del PKK.
El texto de la normativa, compuesto de 12 artículos, no atiende a las reivindicaciones políticas del movimiento kurdo, como la protección de sus derechos culturales y lingüísticos o cierta descentralización administrativa para dar mayor margen de actuación a los municipios donde se concentra la minoría kurda.
De ser aprobada, la ley se aplicará exclusivamente a condenas posteriores a 2005, por lo que quedaría excluido el fundador de la guerrilla, Abdullah Öcalan, que cumple cadena perpetua desde 1999.
El PKK advirtió inicialmente de que no aceptaría una propuesta que no contemple la liberación de su líder, pero luego rebajó la exigencia a mejorar sus condiciones en prisión y el régimen de visitas, para que pueda intervenir activamente en política.
El actual proceso de paz, el segundo tras el iniciado en 2013 y fracasado en 2015, empezó a gestarse a finales de 2024 a propuesta del ultranacionalista Devlet Bahçeli, aliado de Erdogan, habitual defensor de mano dura contra el movimiento político kurdo.
En febrero de 2025, Öcalan pidió al PKK entregar las armas y poner fin a un conflicto en el que han muerto, en combates y atentados, más de 45.000 personas, y la guerrilla inició su proceso de disolución.
Durante esta iniciativa, parlamentarios del DEM han visitado a Öcalan en prisión para coordinar la gestión y el pasado domingo difundieron un mensaje del exguerrillero en el que éste caracteriza la ley proyectada como "un proceso de democratización al menos tan significativo como la fundación de la República".