En un comunicado, alertaron de que cuatro ciudadanos kurdos y un baluchi están en riesgo inminente de ejecución tras procesos judiciales en los que posiblemente se obtuvieron confesiones forzadas mediante tortura.

Muchos miembros de estas minorías han sido detenidos de forma arbitraria y condenados por motivos políticos mediante el uso de acusaciones de seguridad nacional, afirmaron los expertos, entre ellos la relatora de la ONU para Irán, Mai Sato.

En ese sentido, subrayaron, la ley de 2025 que amplía la definición de espionaje y delitos de seguridad nacional como la 'enemistad contra dios' o 'la rebelión en la tierra' han sido utilizados como una herramienta para reprimir la disidencia, especialmente en el caso de los kurdos.

Junto a Sato firman el comunicado otros 16 expertos, incluidos los miembros de los grupos de trabajo de la ONU sobre detención arbitraria y sobre desapariciones forzadas.