La demanda ha sido presentada ante la corte federal del Distrito Sur de Nueva York por el American Friends Service Committee, el Centro para los Derechos Constitucionales, el Instituto Open Society y Human Rights Watch, según informó esta última organización en un comunicado.
La querella alega que el Gobierno del republicano Trump "está imponiendo sanciones ilegales a personas y organizaciones afiliadas a la Corte Penal Internacional (CPI) o que colaboran con su labor, y que está criminalizando a quienes se asocian con ellas o les brindan apoyo de cualquier otra forma".
Además de suponer "un ataque flagrantemente ilegal" contra la justicia internacional, los cuatro grupos aseguran que las sanciones, activadas a través de una orden ejecutiva firmada por Trump en febrero de 2025, "les obligan a restringir una amplia gama de actividades jurídicas y de defensa de los derechos humanos", lo que vulnera los derechos que les garantizan la primera y quinta enmiendas de la Constitución estadounidense.
La demanda también argumenta que las sanciones "exceden las facultades presidenciales y se fundamentan en una supuesta 'emergencia nacional' que carece de base fáctica".
EE.UU. no reconoce la jurisdicción de la corte para juzgar a sus ciudadanos al no haber firmado nunca el estatuto de Roma, por lo que el Gobierno Trump aplica la misma tesis para Israel y sus ciudadanos, al tampoco ser firmante.
La orden ejecutiva del año pasado considera que las investigaciones de la CPI sobre el ejército de EE.UU. y las órdenes de detención que emitió contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y su exministro de Defensa, Yoav Gallant, por supuestos crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en Gaza, son una "una amenaza inusual y extraordinaria" para la seguridad nacional y la política exterior estadounidense.
Con esto, el texto declaró formalmente una "emergencia nacional" a causa de las acciones del tribunal.
Hasta la fecha, la Administración Trump se ha amparado en esta orden para sancionar a fiscales y jueces de la CPI, así como la Relatora Especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Palestina, Francesca Albanese, y a tres organizaciones palestinas de derechos humanos.
En julio, el secretario de Estado, Marco Rubio, anunció una nueva campaña para desmantelar la corte, lo que incluye más sanciones y presión sobre países que sí reconocen el tribunal.