"Quedamos en una situación muy difícil", dice a EFE John Freddy Ibarbo Mosquera, líder comunitario de la zona, mientras observa las viviendas agrietadas y espera que las autoridades vuelvan la mirada hacia una población que, casi una semana después de la tragedia, continúa sin recibir atención institucional.
El río es la única vía para llegar hasta este caserío, que permanece sin electricidad, agua potable ni conectividad y está rodeado por la exuberante selva chocoana, en una región donde históricamente han hecho presencia el Clan del Golfo y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), una realidad que ha condicionado la vida de sus habitantes y que ahora también dificulta la respuesta a la emergencia.
Las huellas del terremoto son visibles en las viviendas con paredes abiertas por profundas grietas, pisos fracturados y estructuras debilitadas por el potente temblor, daños que obligaron a muchas familias a abandonar sus casas mientras esperan una ayuda que todavía no llega.
A orillas del río, hombres, mujeres y niños descargan mercados, agua y medicamentos transportados en una pequeña embarcación.
No se trata de un operativo oficial, sino de una iniciativa impulsada por voluntarios y particulares que decidieron navegar hasta esta zona remota para llevar las primeras ayudas a una comunidad que continúa esperando la presencia del Estado.
José Rutilio Rivas, un líder social que acompaña a las comunidades rurales del Medio San Juan, asegura a EFE que la tragedia ha sido prácticamente invisible porque la atención se ha concentrado en las ciudades y en las cabeceras municipales.
"Las comunidades rurales casi nunca se visitan y son las que más impacto tienen en este tipo de situaciones", afirma Rivas, quien insiste en que la reconstrucción exigirá mucho más que ayudas alimentarias pues numerosas viviendas requieren cemento, hierro y otros materiales para volver a ser habitables.
La ausencia del Estado no es una consecuencia del terremoto, sino una realidad con la que estas comunidades han convivido durante décadas y que la emergencia dejó nuevamente al descubierto, ya que la falta de servicios básicos forma parte de una cotidianidad marcada por el aislamiento en un municipio en el que más del 60 % de la población vive en zonas rurales.
El terremoto también dejó secuelas menos visibles, como el miedo a nuevas réplicas que mantiene en alerta a muchas familias que todavía no logran dormir con tranquilidad y ha golpeado especialmente a los niños, considerados por los líderes comunitarios como la población más vulnerable frente a la emergencia.
Hasta La Encharca también llegaron médicos voluntarios que decidieron desplazarse desde Quibdó al comprobar que buena parte de la asistencia se concentraba en esa ciudad, capital departamental del Chocó, una decisión que permitió llevar medicamentos e insumos básicos a una población que también necesita atención psicológica.
Mauricio Aguilar, uno de los médicos que acompañó la jornada, explica que "las necesidades más urgentes incluyen agua potable, medicamentos para controlar la fiebre y la diarrea", así como tratamientos para enfermedades crónicas, entre ellos los destinados a pacientes con hipertensión y diabetes que perdieron sus medicamentos durante la emergencia.
En La Encharca, la tragedia no se mide por el número de edificios colapsados ni por la magnitud de los operativos de rescate, sino por las grietas que atraviesan las casas, las noches sin electricidad y el reclamo de una comunidad que teme que su tragedia quede fuera del mapa por el simple hecho de estar lejos de los centros poblados.