El informe, elaborado por Conservación Amazónica-ACCA y Amazon Conservation Association, señaló que casi la mitad de las dragas detectadas en los últimos nueve años aparecieron entre 2025 y 2026, y que la actividad de la minería ilegal se ha extendido a 13 ríos amazónicos y comienza a provocar pérdida de bosques ribereños, además de afectar ecosistemas y fuentes de agua para la población.
En ese sentido, el MAAP documentó "una acelerada expansión de la minería ilegal en Loreto", con presencia de dragas en ríos como el Nanay, Marañón, Tigre, Putumayo, Napo, Mazán y Chambira, además de otras cuencas de la región, fronteriza con Brasil, Colombia y Ecuador.
"Uno de los casos más preocupantes es el del río Tigre, donde más del 90 % de las detecciones de dragas corresponden al periodo 2025-2026", aseguró antes de añadir que en el río Putumayo, en la frontera entre Perú y Colombia, se identificó "por primera vez de manera clara zonas de actividad minera ilegal".
El reporte consideró que, por su ubicación fronteriza, la actividad en este río "representa un desafío adicional para las acciones de control y evidencia la necesidad de fortalecer la coordinación entre ambos países".
En el río Nanay, que es la principal fuente de abastecimiento de agua para la ciudad de Iquitos, la capital de Loreto, señaló que entre 2025 y 2026 hubo 421 detecciones de dragas y se estima que actualmente hay entre 23 y 30 dragas activas, a pesar de las constantes intervenciones del Estado.
La investigación también identificó pérdida de bosque en las riberas del Nanay asociada a la actividad minera ilegal, así como un rápido crecimiento de la minería en la localidad de Saramiriza, en la cuenca alta del río Marañón, "donde se observa un incremento importante de la deforestación asociada a esta actividad".
Hasta junio pasado "se registraron alrededor de 800 hectáreas de bosque afectadas, de las cuales más de 500 corresponden al periodo 2025-2026", precisó.
Al respecto, el director de Tecnologías para la Conservación de Conservación Amazónica-ACCA, Sidney Novoa, sostuvo que en Loreto se está viendo "un cambio en la escala y velocidad de la minería ilegal".
"Esto nos indica que no estamos frente a un problema estático, sino ante una actividad que se desplaza y encuentra nuevas zonas donde operar", agregó.
El MAAP remarcó que el crecimiento de la minería ilegal en Loreto "ocurre en un contexto marcado por la limitada presencia del Estado en zonas remotas, el alto precio internacional del oro, la actuación de organizaciones criminales y las dificultades que persisten en los procesos de formalización minera".
Por ese motivo, consideró que "los operativos de interdicción son necesarios, pero no suficientes", ya que también se requiere identificar y desarticular las redes que financian y sostienen la minería ilegal, así como mejorar la coordinación entre las instituciones y reforzar el control en las zonas de frontera.
Añadió que las organizaciones indígenas y las comunidades locales cumplen un papel clave en la supervisión de sus territorios y la generación de alertas tempranas, por lo que es necesario fortalecer y proteger esta labor.