Una denuncia fue presentada ante el Ministerio Público contra el agente fiscal Aldo Cantero por el supuesto delito de uso de documentos no auténticos en el marco de un proceso investigativo de una causa de supuesta estafa, apropiación y lavado de activos.
La persona investigada en esa causa, Ignacio Rafael Piccardo, relata en su denuncia que la fiscal original de la causa era María Estefanía González, quien fue sustituida por su colega Mercedes Vera Monges luego de ser designada como fiscal adjunta en Boquerón. Vera Monges, a su vez, fue recusada por la defensa.
En consecuencia, se presentó un escrito para tramitar la vinculación de Aldo Cantero como fiscal interino de la causa. Sin embargo, según la denuncia, esa solicitud fue escrita y presentada por la fiscal Vera Monges en el sistema informático del Poder Judicial utilizando el usuario intransferible e indelegable de la ya entonces fiscal adjunta González.
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“Se hizo aparecer como emanado y suscripto electrónicamente por la Dra. María Estefanía González Arévalo un escrito que ella no redactó ni firmó y se utilizó su clave privada de acceso al sistema de gestión de expediente electrónico del Poder Judicial, sin su intervención ni autorización, lo que compromete además la validez de todo lo actuado en consecuencia”, reza el escrito de denuncia presentado por Piccardo.
Este alega que la presentación supuestamente irregular de la solicitud de intervención de Cantero “genera nulidad procesal” y, por lo tanto, la vinculación de ese agente fiscal no es válida.
Cuestiona celeridad en reapertura de la causa
La denuncia también especula que el fiscal Cantero ordenó la reapertura de la causa en contra de Piccardo y su elevación a juicio oral y público -luego de que en abril de 2024 le fuera otorgado un sobreseimiento provisional a esperas de pericias caligráficas o contables de documentos pertinentes a la causa– con “una celeridad manifiestamente incompatible con un análisis serio del expediente” de la causa, que tenía más de 3.500 fojas.
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El escrito de denuncia añade que, en octubre de 2025, luego de la reapertura de la causa, un abogado de la querella adhesiva en la causa en su contra le propuso un acuerdo conciliatorio por 100 millones de guaraníes, lo que el denunciante considera una cifra llamativa, teniendo en cuenta que el supuesto daño patrimonial atribuido en la investigación era de 1.600 millones de guaraníes.
El denunciante especula que el fin del ofrecimiento conciliatorio era tapar “irregularidades” y “desprolijidades” cometidas por la Fiscalía en el marco de la causa.
Los escándalos de Aldo Cantero

El fiscal Aldo Cantero ha sido cuestionado por sus actuaciones en varios casos de alto perfil, entre ellos la imputación al expresidente Mario Abdo Benítez (2018-2023) por la supuesta filtración de datos confidenciales vinculados a su predecesor en el Palacio de López, el expresidente Horacio Cartes (2013-2018).
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Mensajes filtrados entre el fiscal Cantero y el abogado Pedro Ovelar, representante legal del expresidente Cartes, sugerían que la imputación contra el expresidente Abdo y otros exmiembros de su gabinete fue “cocinada” y coordinada bajo instrucciones directas del cartismo. La revelación de esos chats llevó a que Cantero fuera separado de esa causa.
En otro caso, una conversación telefónica grabada entre el abogado Carmelo Caballero y Raúl Fernández Lippmann, en ese entonces secretario del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y mano derecha del fallecido senador colorado Óscar González Daher, insinuaba que Cantero solicitaba sobornos para proceder con imputaciones o diligencias judiciales a medida.
