La Coalición en Defensa del Periodismo (CDJor) considera que las medidas judiciales dictadas por el magistrado Alexandre de Moraes contra un exfuncionario identificado como fuente de un reportaje con críticas a un miembro de la Corte supone una grave amenaza para la libertad de prensa en Brasil.
La red advirtió que la utilización de material obtenido de dispositivos de un periodista para llegar hasta la identidad de una fuente no solo viola la Constitución sino que puede crear un precedente de intimidación para el ejercicio del periodismo de investigación.
La coalición, por lo mismo, le pidió al máximo tribunal que intervenga para evitar que la decisión individual de un magistrado debilite una garantía constitucional esencial para el ejercicio del periodismo y para el derecho de la sociedad a recibir información.
"La CDJor pide al pleno del Supremo Tribunal Federal que suspenda la decisión y restablezca la protección constitucional del secreto de la fuente, garantizando el libre ejercicio del periodismo y el derecho de la sociedad a la información", según su comunicado.
La CDJor está integrada, entre otras, por la organización internacional Reporteros Sin Fronteras (RSF), la Federación Nacional de Periodistas (Fenaj), Artículo 19 y la Asociación Brasileña de Periodismo de Investigación (Abraji).
El caso se originó a partir de una investigación sobre informaciones de prensa críticas a otro de los miembros del Supremo, el exministro de Justicia Flávio Dino.
Según reportajes publicados por el periodista y bloguero Luís Pablo Conceição Almeida, familiares del magistrado utilizan de forma irregular vehículos oficiales del Tribunal de Justicia del estado de Maranhão.
En marzo, la Policía Federal realizó una operación contra el periodista y se incautó de teléfonos móviles, un ordenador y otros dispositivos.
Tras analizar el material, los investigadores identificaron a Raimundo Cutrim, exsecretario del Gobierno de Maranhão y comisario jubilado, como la fuente que presuntamente le proporcionó al periodista imágenes e informaciones sobre el uso de los vehículos.
A partir de esos datos, la Policía solicitó nuevas órdenes de registro contra Cutrim, que fueron respaldadas por la Fiscalía y autorizadas por Moraes el pasado martes.
Moraes admite que el secreto de la fuente constituye una garantía democrática y constitucional, pero argumentó que no puede utilizarse como un "escudo protector" para actividades ilícitas, persecuciones o amenazas contra la seguridad de autoridades.
Las organizaciones de defensa de la prensa cuestionan, sin embargo, que la identidad de una persona señalada como fuente haya sido obtenida precisamente mediante el análisis del material y las comunicaciones de un periodista.